El fiscal ve al ex edil de Urbanismo como cerebro de la trama y recompensa a los culpables confesos

El ex edil de Urbanismo, que fue expulsado del PP en cuanto se destapó el escándalo, insiste en su inocencia, a diferencia de Mosquera y el arquitecto, Borja Ramilo, que se confiesan culpables de los delitos de cohecho cometidos en el Ayuntamiento de Gondomar entre 2006 y 2007, durante el anterior mandato con gobierno del PP.

Tras quedar visto para sentencia el juicio y a la espera de que el jurado popular emita un veredicto, el fiscal rebajó significativamente su petición de sanciones para el ex concejal de Cultura y el arquitecto vigués. La razón, colaboraron con la justicia al confesar y aportar datos importantes para las diligencias.

Las multas que el representante del ministerio fiscal pide para Alejandro Gómez, también registran una reducción importante, aunque por otros motivos. Los testimonios recogidos durante la vista oral demuestran que los sobornos requeridos por los ediles sumaban 540.000 euros y no 960.000 como apuntaba el escrito de acusación.

La novia de Mosquera, Belén Fernández, es la mejor parada, pues el fiscal le retira la acusación por falta de pruebas de su participación en el asunto. Su pareja, José Luis Mosquera, en cambio se enfrenta a multas que suman 135.000 euros, una cantidad muy inferior a los 1,9 millones que la Fiscalía solicitaba en un principio. La petición para Borja Ramilo se queda en un total de 70.500 euros frente a los 585.000 de la inicial.

En el caso de Gómez, las sanciones que reclama el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, alcanzan los 1,08 millones de euros, casi menos de la mitad que la primera, de 1,9 millones. A todos ellos, les mantiene la misma solicitud de inhabilitación para ostentar cargo público: de dos años para los ex concejales y de cinco meses para el arquitecto, que no podrá trabajar en obra pública durante ese período. Además, los tres cumplirían un máximo de un año de arresto domiciliario en caso de no afrontar los pagos.

Este significativo descuento en la punición responde a un acuerdo entre los abogados de Mosquera y Ramilo y el fiscal. Pero el pacto alcanzado entre las partes no impide que el representante del ministerio público mantenga el contenido de sus acusaciones. Su conclusión final se sustenta en las pruebas, las confesiones y las grabaciones de imagen y de voz, además de los testimonios de promotores extorsionados, del empresario que actuó como cebo y de los guardias civiles de la investigación.

Los defensores de los acusados también expusieron sus conclusiones tras cuatro días de vista oral. Pese a aceptar la calificación fiscal, Fernando Rubianes, el abogado del ex concejal de Cultura, apuntó a un reparto claro de papeles en la trama. "Alejandro llevaba la parte técnica y Mosquera, la parte del dinero, de la discusión con los promotores", recalcó.

También se mostró de acuerdo con la Fiscalía el letrado del urbanista que actuó como intermediario entre concejales y promotores, Alberto Muñoz. No obstante, el abogado insistió en que su defendido cometió el error de "ser un torpe utilizado. No tuvo la hombría de decir que no. Es el cándido, utilizado por todos", manifestó en un discurso en que echaba en falta más acusados. "Aquí no son todos los que están, ni están todos los que son", sugirió en posible referencia a los promotores que, al igual que Borja Ramilo, no denunciaron la trama corrupta en cuanto la conocieron.

El alegato más extenso fue el de Lorenzo Cuervo, defensor del antiguo edil de Urbanismo. Aseguró que su cliente es inocente y que no existen pruebas contra él porque apenas aparece en las grabaciones. Además, trató de demostrar que la investigación se puso en marcha para desbancar al PP del gobierno de Gondomar, dado que se acercaban las elecciones municipales. En este sentido, recordó que el denunciante que se prestó a colaborar como cebo en la operación policial perteneció a Esquerda Galega. El letrado intentó desacreditar la investigación policial y volvió a calificar las escuchas de ilegales. La clave, en su última frase: "Como un albañil que sabe de la obra, no tiene por qué saber que un compañero roba ladrillos aunque esté allí".

Los últimos en dirigirse al jurado fueron el propio Borja Ramilo y Alejandro Gómez . El arquitecto, que tuvo que abandonar los juzgados casi en volandas preso del nerviosismo, aseguró que en el transcurso de su trabajo apareció una situación (propuesta de extorsión) que tuvo que transmitir a sus clientes, "y en ellos descansé la responsabilidad". "Os juro por mi mujer –garantizó– que creí que Manuel Rodríguez [el "gancho"] iba a decir que no pagaba. Pero cuando este caballero me dice que todo estaba arreglado... Yo hice la táctica del avestruz. Me quise desentender y les dije que en mi despacho no". El ex concejal de Urbanismo fue más breve: "Soy inocente. Lo único que hice en esos años fue trabajar para que todos los vecinos de Gondomar pudiesen vivir en mejores condiciones".

"Si alguien mete la mano en la caja no tiene futuro en el PP", avisa su líder

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que tomará medidas en el PP de Pontevedra si se demuestra la relación de alguno de sus miembros con la supuesta trama de corrupción urbanística en Gondomar (Pontevedra), aunque manifestó su "absoluta tranquilidad" al respecto.

"Por supuesto", sentenció, al ser preguntado por si actuará contra miembros de su partido en Pontevedra si hay pruebas de su vinculación con el caso, e insistió en que "nadie puede enriquecerse en nombre el PP". "Queremos que se aclare el caso a fondo y si alguien metió la mano en la caja no tendrá futuro en el PP", garantizó.

En todo caso, el líder popular subrayó que el presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán, ha sido "claro" en sus declaraciones sobre los datos que se han hecho públicos en el transcurso del juicio.

En este escenario, recordó que uno de los ex ediles implicados en la supuesta trama era independiente y que el otro, que sí militaba en las filas populares, fue expulsado del partido, que se personó en la causa