Tras casi nueve meses de debate y dos desde que el presidente de Caixanova y el director general de Caixa Galicia pusieran por escrito su voluntad para analizar si era viable lo que entonces se llamó "un proyecto en común", las cajas se han visto por primera vez cara a cara con los sindicatos para hablar de su futuro. De la fusión y la repercusión que tendrá sobre ambas plantillas. Los representantes de los trabajadores iban con ganas –llevan semanas urgiendo el encuentro–, con la intención de sacar a ambas entidades toda la información posible de cara a la apertura de la mesa laboral, pero la cita les dejó al final con un sabor de boca extraño. A medias entre la satisfacción por la convocatoria y la intranquilidad por las muchas interrogantes que siguen sin despejar y porque, finalmente, la negociación para el ajuste de empleos no arrancará hasta finales de mes, cuando el Banco de España haya revisado y corregido el plan de integración de las entidades. Todos los sindicatos coinciden en que su turno en el proceso llegará "demasiado tarde" y quizás con poco margen de maniobra ya.

A la reunión, de algo más de hora y media en la oficina central de Caixa Galicia en Santiago, acudieron los responsables de las secciones financieras de CCOO, CSICA, CIG, UGT y CGT y los directores de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de las dos cajas. Rubén Martínez y Gonzalo Iglesias por parte de Caixanova, y Miguel Ángel Prado de Lucas y Antonio Cárdenas, por la entidad coruñesa. De lo poco que se concretó destaca el calendario previsto. Entre el día 10 y el 14, las cajas presentarán el borrador del plan de integración a los sindicatos. Al mismo tiempo que llegue a manos de los respectivos Consejos de Administración, en una sesión extraordinaria. Antes del 29, el supervisor financiero cerrará los flecos para remitir el nuevo modelo de negocio y las medidas de ajuste de la caja fusionada al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la aprobación de los 1.162 millones de euros en ayudas. Y entonces sí se abrirá oficialmente la mesa laboral.

"Es cierto que no valdría de nada que negociáramos y luego el Banco de España no aprobara el plan –explica Juan Carlos Varela, de UGT–. Pero la sensación y el temor que tenemos es que el planteamiento venga casi cerrado y ni tengamos tiempo para analizar". El mismo recelo que hay en el resto de sindicatos, con la vocación unánime de aportar sus alegaciones al plan "tan pronto lo conozcamos". "Aunque sea en un día", señala Luis Mariño, de CCOO. "Queríamos que la discusión con nosotros –añade– comenzara antes de llegar al Banco de España". "Podría ser un plan cerrado, con la autorización del gobernador del Banco de España y por lo tanto inamovible –indica también Clodomiro Montero, de la CIG–. Eso no nos gusta".

Por mucho que lo intentaron, los representantes de los trabajadores de las dos cajas no lograron arrancar "los números". "Nos dicen que todavía está absolutamente todo sin cuantificar", señala Mariño. La intención de los equipos que trabajan en la fusión es, según transmitieron los directivos de Caixanova y Caixa Galicia a los sindicatos, que los aspectos relativos al encaje de las plantillas vayan en el plan de integración con una "horquilla lo suficientemente amplia" como para entablar sin tensiones la negociación. Desde el número de prejubilaciones, unas 900, a las 235 oficinas de la red exterior de la entidad coruñesa que hay que vender y las que cerrarán en Galicia, otras 250. "Lo único que se nos ha dicho –apunta Juan Carlos Varela– es que los criterios serán el solapamiento y también la rentabilidad". Es decir, el volumen de negocio que mueven o la morosidad que registran.

Los integrantes

Las medidas de presión previstas por los sindicatos para los próximos días quedan en suspenso. Pedían hablar y lo consiguieron. Las cajas se han comprometido a informar de los avances que vayan dando en las negociaciones de la integración, con el objetivo de dar al proceso la mayor transparencia posible. Uno de los "valores" que quieren también para la futura mesa laboral, junto con la responsabilidad y la confianza, y en la que los sindicatos han propuesto dar 6 representantes a CCOO, 4 a CSICA, 3 a la CIG, 2 a UGT y 1 a la CGT, además de dos negociadores por cada fuerza más y, al margen de la mesa, otros 25 asesores repartidos a partes iguales.