"Denuncias hay muchas, pero casi todos los casos se solucionan antes del expediente"

SELINA OTERO - VIGO Los inspectores educativos, además de controlar la enseñanza en los colegios, adquieren en muchas ocasiones un papel de mediador: entre agente de un cuerpo de seguridad y educador social. Manuel Torres, inspector jefe de la provincia de Pontevedra, aboga por solucionar “hablando” las situaciones conflictivas generadas por un docente. Pero no siempre es posible. Sostiene que el número de denuncias que se reciben “es muy superior” a los casos que, finalmente, se castigan con un expediente disciplinario.

–¿Cuáles son las faltas más habituales que cometen los profesores?

–Lo más común son las desconsideraciones, tanto con los compañeros como con los superiores, con la dirección del centro o incluso con el inspector. Hablamos de malas contestaciones o falta de respeto. La falta de rendimiento también es habitual: que el profesor no cumpla con la programación que tiene que impartir, se salte la normativa o incluso suspenda mucho.

–¿Qué pasa cuando es el docente el que no asiste a clase?

–Si el profesor incumple horarios de una forma continuada o tiene faltas de asistencia sin justificar, se le aplica el descuento de haberes [esos días no se le paga]. Estas infracciones, reiteradamente, pueden derivar en la apertura de un expediente disciplinario. El profesorado tiene un convenio para poder faltar unas horas injustificadamente; a partir de ahí, cualquier falta requiere una justificación.

–¿Cómo llegan a Inspección las quejas por el mal comportamiento de un maestro?

–Suelen ser denuncias verbales o por escrito de padres, alumnos o incluso de otros profesores. Entonces centro e inspección abren una investigación. Pueden pasar dos cosas: que el inspector considere que hay incumplimiento grave de la norma y que, por tanto, se puede incurrir en una falta de régimen disciplinario, o que simplemente se realice un informe, a modo de información reservada, y ver si deriva en expediente. Por ejemplo, si el inspector del centro recibe a una madre y le protesta por un profesor ya sería suficiente para abrir una investigación.

–¿Tardan mucho en resolver los expedientes?

–La ley de procedimiento administrativo fija un plazo máximo de seis meses para tramitarlo. Pero antes hay un proceso de investigación. Cuando se decide abrirlo, la iniciación del expediente la propone la inspección educativa, la tramita el jefe territorial, se lo transmite a la Secretaría xeral técnica de la Consellería de Educación, que ordena abrir expediente de modo formal. Nombra a un instructor, que suele ser un inspector, y un funcionario del centro para tomar declaraciones.

–¿Cómo se solucionan las faltas leves?

–Con un apercibimiento que hace el jefe territorial de inspección; no hay que instruir expediente.

–Dé algunos ejemplos de infracciones leves.

–Un profesor que por normativa tiene que hacer de tutor de un profesor en prácticas y se niega a hacerlo; un docente que dice una palabra más alta que otra a los alumnos o les llama la atención y hay protestas. Se les apercibe y son acumulativos, de modo que podrían derivar en la apertura de un expediente.

–¿Y las graves?

–Abandono de servicio, por ejemplo. Un docente que no se presenta ni se sabe en dónde está, que no aparece, vamos. O abuso de autoridad. Algunas faltas pueden ser constitutivas de delito. En este caso se pasaría al procedimiento ordinario, es decir, a la justicia, que impondría la sanción penal, y la administración, la administrativa.

–¿Ha habido casos muy graves?

–Pocos, como sustracción de dinero por parte de algún miembro del claustro, abuso y acoso. Éstos son delitos penados.

–¿Hay más denuncias que expedientes?

–Muchas más, pero la mayoría no llegan al final porque el inspector media y se solucionan con disculpas. Tenemos en cuenta la trayectoria de las personas. Hay funcionarios intachables, así que porque un día levanten la voz no pasa nada, se entiende. También hay atenuantes y agravantes: es crucial que medie el arrepentimiento. En las faltas graves, a veces se soluciona con un traslado de centro, evitando suspender de empleo y sueldo.