La Justicia gallega tendrá a partir del próximo año una nueva herramienta con la que luchar contra la lentitud y la excesiva burocracia que caracteriza su funcionamiento. La Xunta ultima la instalación en todas las sedes judiciales de Galicia de sistemas de videoconferencia, un dispositivo que ya se utiliza desde hace algunos años en los órganos de las siete ciudades y en las Audiencias de A Coruña y Pontevedra, pero cuyo uso pretende generalizar y extender al resto de la comunidad.

Se trata de uno de los proyectos más importantes de la Secretaría Xeral de Modernización Tecnolóxica en el ámbito de la Justicia, una de las administraciones en las que la aplicación de las nuevas tecnologías puede aportar más ventajas. La incorporación de la videoconferencia al trabajo judicial, de hecho, es una demanda de todos los profesionales de este sector y el propio presidente del Tribunal Superior de Xustiza reclamaba en su última memoria que se dotase de los medios adecuados a todos los órganos de la comunidad en vista del "uso cada vez mayor" de este dispositivo como "elemento esencial para el ahorro de costes" en la Justicia.

Ahorrar tiempo, dinero y recursos es, precisamente, el objetivo del proyecto que la Xunta prevé completar a lo largo del próximo año. "La videoconferencia es un elemento que reduce costes, desplazamientos y agiliza el trabajo de la Justicia. Todos los colectivos nos han pedido que sea una realidad cuanto antes y se incorpore a los juzgados como un medio más para desempeñar sus funciones cotidianas", explica la secretaria xeral de Modernización Tecnolóxica, Mar Pereira.

Las primeras experiencias en Galicia con la videoconferencia, con todo, han tenido resultados heterogéneos e incluso insatisfactorios. Luis Villares, titular del juzgado número 1 de A Fonsagrada, explica que a pesar de tener en su ordenador desde hace más de año y medio un programa para videoconferencias, apenas lo ha podido utilizar porque falla y es "incompatible" con el que utilizan otros órganos. "En un juzgado pequeño la videoconferencia permite que en comparecencias de detenidos el fiscal no tenga que venir hasta aquí. Pero cuando conectamos con la Fiscalía literalmente no nos escuchan lo que nos ha llevado a tener que dejar de utilizarla", argumenta Villares, quien reconoce que los sistemas de videoconferencia "real" que utilizan en las ciudades están funcionando mejor y suponen un ahorro de dinero, tiempo e incluso trámites administrativos al facilitar la "colaboración entre órganos judiciales" sin tener que hacer un intercambio de peticiones, información o testimonios por la vía tradicional.

Junto a la videoconferencia también se dotará a todos los juzgados de sistemas de grabación que incorporarán firma digital, una exigencia de la nueva ley procesal que obliga a grabar todas las vistas y a que el juez las incorpore al expediente judicial electrónico. Aunque ya hay 159 juzgados con aparatos de grabación –casi todos– Pereira explica que ahora mismo conviven sistemas "muy heterogéneos" y sin firma digital por lo que se ultima el expediente de contratación para instalar un mismo sistema en 2011.