La diputada del BNG Ana Pontón exigió hoy a la Xunta que adapte los servicios sanitarios para aplicar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo para "no obstaculizar" su implantación en el ámbito público y que las mujeres puedan ejercer este derecho con garantías.
En una rueda de prensa hoy, la parlamentaria nacionalista recordó que a partir del 5 de julio la Xunta "no tendrá ninguna excusa" para no incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y emplazó al Gobierno autonómico a "desarrollar el reglamento y hacer los cambios necesarios" para este fin.
"El sistema sanitario debe prepararse: No hacerlo es una privatización y discriminación de género", advirtió la diputada en su intervención, al tiempo que reclamó que la Xunta "no ponga barreras a la aplicación de una ley a la que sólo se oponen los sectores más reaccionarios de la sociedad".
Asimismo, recalcó que esta normativa lo que permite es que las mujeres "decidan si quieren ser madres o no" y recordó que, para prevenir embarazos no deseados, la información sexual a la juventud es uno de los mecanismos que "da resultado". En este sentido, reclamó que el Gobierno actual debería impulsar los centros Quérote que se pusieron en marcha en la anterior legislatura con el bipartito y que ahora "echan abajo".
"La Xunta no realizó ninguna campaña de promoción de los centros Quérote ni de información a la juventud", constató la parlamentaria nacionalista, quien puso de manifiesto que Galicia "fue, en la pasada legislatura, una de las pocas comunidades en las que se redujo el número de abortos". "Y eso se debe en gran medida a que se pusieron en marcha, por primera vez, campañas de información y asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva", apostilló.
ALGUNOS DATOS
Durante su intervención, Pontón recordó que el número de interrupciones voluntarias del embarazo durante el periodo 2005-2008 se incrementó, al pasar de 91.664 a 115.812. Mientras, en Galicia se redujo de 2.525 en 2005 a 1.981 en 2008. Especialmente relevantes, indicó, fueron los datos en el colectivo de menos de 19 años, que pasó de 399 a 286 en ese periodo.
Así las cosas, el BNG registró una proposición no de ley en la que pide, realizar antes de que termine este periodo de sesiones, "una evaluación" de la calidad de los servicios de atención a las mujeres y a las parejas durante el embarazo, parto y puerperio, así como el estudio de la accesibilidad a los mismo en personas con discapacidad.
Del mismo modo, reclama un plan de formación de los profesionales de la salud que incorpore la perspectiva de género, incorporar la formación en salud sexual y reproductiva a la formación de profesorado y potenciar la actividad y difusión de los centros 'Quérote', realizando campañas informativas.
A mayores, exige realizar las actuaciones precisas para que en el momento de la entrada en vigor de la ley, el sistema sanitario público "esté a disposición" de atender con sus medios propios las demandas de interrupciones voluntarias de embarazo. Finalmente, insta a garantizar que la documentación sobre información previa al consentimiento se distribuya en gallego, en el ámbito de Galicia.
