La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ordena derribar 52 chalés construidos en el ayuntamiento de O Grove. La urbanización se encuentra situada en el lugar de Balea, en un entorno turístico y privilegiado a la altura de la playa de Raeiros y muy cerca de San Vicente do Mar y del puerto de Pedras Negras. Se trata de la orden de derribo que a más construcciones afecta en la breve historia de la APLU, por delante de la que ordenaba derribar 21 viviendas en A Guarda el pasado mes de diciembre.
El motivo radica en que los constructores no han atendido la petición de restitución de la legalidad emitida por la Xunta hasta ahora. El terreno contaba con licencia para la construcción de un apartotel, pero los constructores decidieron construir chalés individuales. Esa decisión viola la norma urbanística porque divide la parcela en 52 partes diferentes, algo prohibido en suelo rústico como el que ocupa la construcción.
La decisión todavía no es firme. Los afectados ya han confirmado que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra la orden porque consideran que han respetado la ley y que todas las licencias y permisos están en regla. Consideran que "se discute el uso que se da a la urbanización", pero que ésta no peligra porque contaban con licencia de apartotel concedida por la Xunta en 1992.
La de Raeiros y Balea es una conocida urbanización envuelta en polémica desde siempre. Al frente han estado diferentes empresas que han cambiado de nombre hasta convertirse en Inproin Galicia S.L., entre cuyos máximos representantes aparece Fernando Varela, hermano del actual conselleiro de Cultura, Roberto Varela.
El alcance de esta orden de demolición cobra, por tanto, una dimensión especial y más cuando el litigio en torno a estos apartamentos está también pendiente de resolver a nivel judicial. Recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenaba restituir la legalidad administrativa, es decir, corregir el uso y adaptarlo al tipo de licencias concedidas a la parcela original. Sin embargo, no se pedía el derribo de los 52 inmuebles. Aquel fallo fue recurrido por Inproin ante el Tribunal Supremo, que todavía no ha emitido una sentencia al respecto.
El pasado 2 de marzo, el entonces director de la APLU, Hipólito Pérez, firmó la resolución en la que se ordena la demolición cuando todavía ocupaba un puesto al que llegó de la mano del bipartito de Touriño. Lo hizo poco antes de que la Xunta de Feijóo lo sustituyese por María Martínez Allegue, que trabajó en los ayuntamientos de Mos, Tui y Marín, en una decisión duramente criticada por la oposición.
Desde la Xunta de Galicia indicaron ayer que la resolución es perfectamente válida, independientemente del cambio de Gobierno y de responsable al frente de la dirección de la agencia.
Esa orden fue recibida en el concello de O Grove el lunes, pero no se conoció hasta ayer. Desde el gobierno tripartito municipal, liderado por el socialista José Antonio Cacabelos Rico, hicieron público el expediente y pidieron al Ejecutivo autonómico que ejecute esa demolición "por ser la competente para actuar en suelo rústico".
El caso de Raeiros ya dio mucho que hablar en 2007, cuando tras las últimas municipales, la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil acudió al ayuntamiento para recabar información sobre la urbanización. Entonces, se criticó al alcalde Miguel Pérez, del Partido Popular. Esta formación calificó entonces el caso como un ejemplo de persecución política hacia el regidor.
