La Xunta elevó ayer las inversiones que movilizará el nuevo concurso eólico aprobado hace casi tres semanas hasta los 5.500 millones de euros, 3.200 más de lo anunciado por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, cuando presentó el denominado plan-Rexurde con el que desbloquean el sector. Su departamento estima que generará 2.300 millones por la movilización de los proyectos industriales asociados a cada parque y 3.200 por la construcción de estos.

Estas cifras llevaron a Guerra a asegurar ayer que el reparto de los 2.325 megavatios (MW) con la nueva orden no sólo reactivará el sector de las energías renovables, sino que se convertirá en un motor del desarrollo económico. Clave en este objetivo es también el reparto de 2.000 MW que realizará en breve el Gobierno y de los que Galicia solicitará 300, según avanzó Guerra.

El conselleiro de Economía defendió ayer las características de una orden publicada hace un par de semanas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y negó que beneficie a las grandes empresas eléctricas al aumentar las exigencias de crédito a las firmas solicitantes. Estas deberán contar con al menos el 25% del presupuesto del proyecto y depositar un aval de 20.000 euros por megavatio que solo se recuperará cuando se acometa el 100% del proyecto industrial asociado. "No se beneficiará a ninguna empresa, sino que se usa un filtro para los proyectos serios", argumentó Guerra en el Parlamento.

Varias voces apuntan que la exigencia de contar con capital en medio de una crisis que ha limitado las opciones de financiación favorecerá a las grandes firmas El conselleiro lo descartó y aseguró que "el sector eólico no va a estar a expensas de ninguna empresa".

Como argumento esgrimió el límite de 350 MW que la orden ha impuesto para un mismo solicitante, independientemente del número de parques a los que opte. La orden de la Xunta cuenta con una excepción para aquellos proyectos industriales de especial interés. Esa excepción, sin embargo, será de "aplicación absolutamente restrictiva".

Una de las diferencias fundamentales entre el concurso del Bipartito y el actual radica en los planes industriales asociados a las peticiones de megavatios eólicos. La actual Xunta establece la posibilidad de que los adjudicatarios que no logren el 100% de la potencia solicitada cambien ese plan por dinero, que entregarán directamente al Ejecutivo. Éste será el que lo invierta a través de Sodiga, su sociedad de desarrollo industrial.

Planes por dinero

Cada empresa fijará en su solicitud la cuantía mínima de MW a partir de los cuales se comprometerá a acometer el 100% del plan industrial. En caso de recibir menos de esa cantidad podrán renunciar a la concesión o convertir el plan en dinero. ¿Cómo? Si una empresa solicita 100 MW, fija como límite 90 y obtiene 80 finalmente convertirá esos 80 MW en dinero. En caso de que el ratio sea de un millón por cada megavatio entregará a Sodiga 80 millones.

Por su parte, la oposición atacó este plan eólico y acusó a la Xunta de entregar el sector a empresas de fuera en detrimento de firmas de capital autonómico. El socialista Abel Losada considera que "pasaron de los privilegios a los cuñados a los privilegios a las grandes empresas".

El nacionalista Fernando Blanco aseguró que "usan las viejas formas con alguna nueva para exprimir los recursos y que los beneficios se vayan fuera y no sirvan para el desarrollo del país".

Finalmente, el diputado popular Pedro Arias alabó la nueva orden y cargó contra la oposición, a los que pidió su dimisión por hacer "un ridículo espantoso" y no leer la orden.