A partir del 19 de abril, las empresas que quieran entrar en el renovado concurso eólico gallego podrán ya presentar sus proyectos. ¿Se repetirá la participación masiva del proceso impulsado por el bipartito que la nueva Xunta anuló por las supuestas ilegalidades detectadas? El sector sospecha que no. Ni los 170 aspirantes, que demandaban 984 parques con una petición que sumaba casi 30.000 megavatios (MW) frente a una oferta total de 2.325. Los nuevos requisitos impuestos en la orden de la Consellería de Industria para una de las mayores licitaciones públicas en la historia de la comunidad serán un obstáculo insalvable para muchos de los candidatos y apenas un quebradero de cabeza para las grandes eléctricas. Son ellas, según apuntan varios promotores tanto de grandes como de pequeñas compañías, las que tienen más fácil conseguir de las entidades financieras el elevado aval que se exige. Hasta 20.000 euros por cada megavatio que se pide, lo que equivale a un millón de euros por una instalación media, de 50 MW. La fianza en el anterior reparto se supeditaba a conseguir la admisión a trámite de los parques. Ahora se adelanta con el objetivo, según el Gobierno gallego, de garantizar la viabilidad de los proyectos.

En la práctica supone tirar de bolsillo para los trámites del aval y convencer a cajas y bancos de que respalden proyectos que todavía no se tienen en mano con cantidades millonarias. Y en un contexto de grave crisis económica y de freno al crédito, sobre todo entre pequeñas y medianas empresas. "O tienes un balance de tus cuentas espectacular o el peso de un depósito muy alto en el banco con el que te miren con buenos ojos", se queja uno de los candidatos del pasado concurso. "Quizás sea más sencillo, pero ni las empresas que tenemos cierto tamaño lo tenemos garantizado", apuntan desde una de las principales eléctricas que operan en Galicia. La opinión se repite, especialmente entre los candidatos que miran de reojo "a las cinco o seis grandes". "Lo que hubiera sido un buen embudo antes para limpiar solicitudes, hoy es un problema muy delicado porque no hay la liquidez de hace dos años", coinciden varios promotores.

La consellería establece un máximo para el aval –que, evidentemente, sólo se le retendrá a los solicitantes que consigan parques– de siete millones de euros. Ésa es la cantidad que tendrían que haber garantizado hasta un tercio de los participantes en la subasta impulsada por el bipartito. Desde Energías de Portugal, a Iberdrola, pasando por Norvento, Fenosa, los grandes patrimonios gallegos que entraron en la puja y los consorcios de cooperativas lácteas, conserveras o constructores que se estrenaron en el negocio del viento y que, en muchos de los casos, lograron arañar parte de la cuota del concurso. En el sector dan por hecho que "muchos" se quedarán ahora a las puertas o que, si se animan a pedir, la potencia dependa más de lo que las entidades financieras estén dispuestas a avalar que los parques que las empresas quieran llevar adelante.

Técnicas y económicas

Pero las limitaciones no se quedan ahí. La nueva redacción de la capacidad técnica que hay que acreditar para presentarse es, según varios importantes promotores, otro escollo para los que no tengan la energía como primera actividad. Mientras que el anterior proceso pedía que las compañías contaran con tres años de experiencia en el sector "o" un socio que lo cumpliera, "o" la asistencia técnica de una compañía con una trayectoria así, la orden publicada esta semana por la Xunta elimina la opcionalidad y añade la obligación de "acreditar la experiencia" incorporando la documentación de las instalaciones que gestionan y su potencia, con un certificado emitido por el respectivo gobierno autonómico si están ubicadas fuera de Galicia.

Al margen del aval, la capacidad económica de la compañía o compañías que acudan al concurso también se endurece. Frente al 20% de recursos propios que se exigían sobre el total de la inversión prevista en los proyectos, los nuevos criterios establecen un mínimo del 25%, con la incorporación además de las cuentas recientes e informes de solvencia.