El macrojuicio del "Prestige" se retrasa hasta 2011 tras siete años de instrucción

SELINA OTERO - VIGO Será el mayor juicio de la historia de Galicia y el segundo en importancia en España, tras la celebración hace algo más de veinte años del pleito de la colza y a la espera de otro que ocupará un lugar destacado en los top ten: la resolución del caso Fórum y Afinsa. La complejidad de la tramitación jurídica de un proceso con más de 2.000 instituciones y perjudicados personados, alrededor de 300.000 folios de sumario y una fase de instrucción que se ha prolongado siete años dificultan la organización del macrojuicio para este año, según fuentes implicadas en la causa.
Las primeras previsiones situaban la apertura de la vista oral en 2006. Junio de 2009 fue la siguiente fecha barajada. Abril de 2010, en un tercer intento por apurar el proceso, está a punto de vencer y tampoco se han cumplido las expectativas. Fuentes próximas al caso ven "muy complicado" atar todos los hilos del rompecabezas jurídico y preparar el escenario para tomar miles de declaraciones en el actual ejercicio.
Concluida la fase de instrucción, la causa pasará a la Audiencia Provincial de A Coruña, órgano encargado de convocar, organizar, elegir un espacio para el acontecimiento jurídico y cerrar la fecha. Entre plazos de impugnación de los informes periciales para fijar la cuantía de los daños producidos por el Prestige, la revisión del número de perjudicados por la marea negra o la presentación de los escritos de acusación por parte de la propia Audiencia el proceso podría demorarse cuatro o cinco meses más, según letrados gallegos pendientes del proceso.
Los deberes en esta causa no se limitan a los plazos que puedan controlarse desde el sistema jurídico de Galicia. Si hay algo que preocupa a los gestores del macrojuicio son las llamadas comisiones rogatorias internacionales para traer a Galicia a tres de los cuatro imputados: el capitán del Prestige, Apostolous Mangouras, el jefe de máquinas del petrolero, Argyropoulos Nikolaus, y el primer oficial, Ireneo Maloto (los dos primeros griegos y, este último, filipino). Las gestiones jurídicas con otros Estados para pedir la presencia de los imputados extranjeros en el juicio que se celebrará en A Coruña es una de las claves que podrían contribuir al retraso del pleito. El único representante del Gobierno español que será juzgado, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, actualmente funcionario en el Ministerio de Fomento y al que le queda un año para jubilarse, es uno de los participantes cruciales en el pleito y, realmente, "el más accesible", según fuentes implicadas en la causa, quienes cuestionan la posibilidad de que los mandos del barco acudan a Galicia cuando se formalice la petición. Precisamente, el jefe de máquinas y el primer oficial (griego y filipino, respectivamente), que serán llamados para sentarse en el banquillo de los acusados junto a su capitán (Mangouras, de 75 años de edad), llevan años en paradero desconocido.