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Voto exterior, la reforma pendiente

Los partidos negocian que los emigrantes voten sólo en las generales

 
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P.M. - A CORUÑA Escepticismo, cautela, confianza, optimismo... la postura de los partidos ante la inminente reforma de la ley electoral y del sistema del voto emigrante es muy dispar. Aunque todos coinciden en la "urgencia" de cambiar los procedimientos de voto de la diáspora, poniendo en marcha el voto en urna más allá de las fronteras españolas, la posibilidad de limitar el derecho al sufragio de los emigrantes a las elecciones generales es mucho más controvertida. El motivo de la polémica son las negociaciones que mantienen los partidos en el Congreso de los Diputados, en concreto en la subcomisión para la reforma de la ley electoral, un órgano que prevé presentar su informe definitivo, después de varios años de debates, el mes que viene.
Aunque aún no hay nada cerrado, PP, PSOE, BNG y otros partidos como CiU, llevan varias semanas trabajando con el planteamiento de que los emigrantes no puedan votar ni en las municipales ni en las autonómicas. Sólo podría participar en las generales para designar a tres o cuatro senadores de una circunscripción para los residentes en el exterior.
En Galicia, el portavoz del PP en el Parlamento, Manuel Ruiz Rivas, se limitó a subrayar su apoyo a "dotar de la máxima transparencia el voto de los emigrantes y librarlo de cualquier sospecha de fraude", en alusión al sufragio en urna, "que debería estar funcionando en las próximas elecciones municipales", que se celebrarán en mayo de 2011. Rivas no quiso concretar si su formación es partidaria de limitar la participación de la diáspora a los comicios generales.
La misma prudencia mostró su homólogo socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, que considera "aventurado" augurar si la reforma estará lista para las municipales.
El BNG es el único que apoyan sin tapujos la propuesta de que no voten en las municipales ni en las autonómicas. "La idea es buena, porque conjuga bastante bien el derecho al sufragio de los emigrantes con la demanda unánime de que la gente que no padece o disfruta los servicios públicos no pueda decidir sobre ellos", afirmó Carlos Aymerich.

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