JULIO PÉREZ - VIGO
Con el reconocimiento en la Xunta de que las negociaciones con el Gobierno central para desbloquear los puntos de la nueva normativa de cajas que favorecerían la integración de Caixanova y Caixa Galicia están rotas, a no ser que cambie el interlocutor de Moncloa, y con el recado que precisamente manda Madrid de que la única salida es la adaptación a la Ley de Órganos de Representación (Lorca), ¿en qué situación quedan los planes de futuro de las dos entidades? El presidente Núñez Feijóo amenaza con vetar cualquier operación que no pase por la unión de ambas y la ministra de Economía le advierte que mientras no hable el Constitucional hay que cumplir la normativa anterior –"que no obliga la fusión", incidía el pasado miércoles en una intervención en el Congreso– y que las cajas tengan solvencia y fortaleza. Pues las dos mantienen sus respectivos proyectos para ganar músculo. La disputa jurídica y política parece no empañar los objetivos con los que miran al futuro.
En la reunión de la comisión de control que ayer celebró Caixanova no se hizo ninguna mención a la polémica. Ni siquiera un comentario sobre la moción que horas antes, durante la segunda sesión del Debate del Estado de la Autonomía, salió adelante con los votos de PPdeG y BNG para reclamar la fusión gallega tras rechazar la enmienda del PSdeG para que se contara con la opinión de las propias entidades. "Ni el más leve", insisten fuentes cercanas a la entidad viguesa. Desde "hace tiempo" la cúpula de Caixanova tiene su hoja de ruta y sigue intacta. "Y no pasa por la fusión", recuerdan.
Así que los esfuerzos se centran en ultimar un Sistema Institucional de Protección (SIP) del que ""habrá novedades en breve". Antes de un mes, incluso. Lo que obligaría a la caja a poner sobre la mesa de la Consellería de Facenda un proyecto para posicionarse y comprobar hasta qué punto el jefe del Ejecutivo gallego está dispuesto a llegar con su amenaza de bloqueo. Si Caixanova está más cerca de la alianza fundada alrededor de Banca Cívica –Caja Navarra, Cajacanarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja de Burgos– o de la que promueven Cajamurcia, Caja Cantabria y Cajastur, en el seno de la entidad no lo aclaran. "Se está trabajando", se limitan a decir. "Cualquier cosa que se cuente –añaden– podría suponer un problema".
Silencio y lealtad
En Caixa Galicia se repite el mismo silencio ante la posible reacción de sus directivos tras la postura presentada por el PPdeG de que la Xunta no está obligada a "ponerse de acuerdo" con los órganos de decisión de las entidades para sacar adelante su plan de integración. Por "lealtad institucional" a las administraciones y al Parlamento, en la caja coruñesa prefieren dejar las opiniones en privado. Como ya ocurrió durante el proceso de redacción de la nueva ley, aunque en aquel momento sí transcendió que algunos de sus consejeros miraban con inquietud los puntos sobre el control de Facenda en inversiones y Obra Social, éste último entre los once preceptos impugnados por el Gobierno central y paralizados por el Constitucional.
"Mantenemos todas las alternativas abiertas", señalan fuentes de Caixa Galicia. Las que se marcaron el pasado mes de noviembre, con la fusión con Caixanova como primera opción, la de seguir en solitario o buscar una alianza con cajas de otras regiones, especialmente una del centro del país y otra del área de Levante. Es decir, una puerta abierta a un SIP con Caja Madrid y Caja de Ahorros del Mediterráneo. Si en este caso ha habido avances tras el relevo en la presidencia de la entidad madrileña con la llegada de Rodrigo Rato, también se queda de puertas para dentro.