Salgado censura la "interferencia política" de la Xunta en las cajas y su plan para "obligar" la fusión

JULIO PÉREZ - VIGO Hasta ahora, y eso que van ya unos cuantos meses de polémica, en Moncloa optaron por cuidar hasta el detalle su discurso ante todo lo que está dando de sí el futuro de Caixanova y Caixa Galicia. De hecho, la interpelación del Bloque a la ministra de Economía ayer en el Congreso por la situación abierta tras el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley gallega para el sector no era la primera. Pero sí marca un punto y seguido en la discusión por la contundencia y las advertencias claras de Elena Salgado. "Si buscan interferencias políticas, no hay que mirar al Gobierno de España, sino a la Xunta", arremete la ministra, muy crítica con la "iniciativa sorprendente" que supone que sea un Ejecutivo regional el que persiga un proyecto de integración "y no las propias entidades". "Eso sí es una velocidad diferente en relación a los procesos de otras comunidades", añade Salgado. Una contestación directa a las acusaciones de Núñez Feijóo y el Bloque por las "dos velocidades" que, aseguran, Madrid quiere imponer con autonomías con y sin cajas propias.
Aunque Francisco Jorquera vistió esta vez la pregunta con el interés por conocer si el Gobierno central está a favor de mantener el vínculo territorial y la naturaleza social del sector en general, el diputado nacionalista aprovechó para alertar del "traslado" de las decisiones sobre las obras sociales de las entidades gallegas, su "enorme impacto económico" para el acceso al crédito, "la financiación de proyectos de ayuntamientos y de la Xunta" y "la desaparición" del "principal sector de la economía" de la comunidad.
"No consumen ustedes la castración del sistema financiero gallego, resérvense otro lugar en la historia de Galicia", reclama. Especialmente duro fue Jorquera con Miguel Ángel Fernández Ordóñez. "El gobernador del Banco de España no es imparcial ni independiente", asegura.
Dos "graves acusaciones" en opinión de Salgado. "La salvaguarda de la solvencia transciende un caso concreto y hay que ser muy respetuosos con su trabajo –señala–. La ordenación del crédito y la banca no puede suponer la aparición de diecisiete sistemas financieros". Por eso la ministra recuerda que "si lo desean" las cajas, que sean ellas las que presenten la fusión al Banco de España, encargados de "guiarles" y dictaminar "en qué condiciones se puede hacer".
"Hasta donde yo sé, ese proyecto no se ha presentado y no es una hipótesis que esté encima de la mesa –asegura–. El único origen ha sido la Xunta y algunos partidos políticos, pero no las protagonistas".
Un plan que, dice Salgado, la anterior norma "no prohíbe en absoluto". "Lo que no hace es obligar la fusión, que es una diferencia más que de matiz que deberían tener en cuenta", reprocha la ministra. Va más allá: "Es la modificación de la ley de cajas a instancias de la Xunta quien pone en cuestión el ámbito de autonomía de las propias entidades".
Pese al reconocimiento expreso de muchos integrantes de su formación y del propio Gobierno gallego de que la ley de cajas se reformó para impulsar la integración, Jorquera mantiene que la nueva normativa "no impone la fusión" y "respeta la autonomía de las entidades". "Otra cosa es que se refuerza la tutela y las competencias en materia de regulación de los órganos de gobierno", afirma el diputado.
Los nacionalistas rechazan que Madrid "recurra a argumentos de solvencia" para justificar su posición frente a la reforma pactada por PPdeG y Bloque en el Parlamento y de la que el PSdeG "se descolgó para obedecer a su dirección en Madrid". "Las cajas gallegas –sostiene Jorquera– no están en peor situación de solvencia que el resto, de hecho la fusión gallega no necesitaría más fondos que otros procesos".
La ministra recuerda que la postura del Gobierno central cuenta con el aval del dictamen unánime del Consejo de Estado, "la máxima seguridad jurídica". "Mi respeto absoluto al Parlamento gallego", presenta Salgado. El fin del conflicto pasa por "adaptar" la normativa a la Ley de Órganos de Representación de las Cajas (Lorca).
"Habrá que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional y mientras tanto seguir la ley vigente y que las entidades que prestan servicios financieros tengan la máxima solvencia y fortaleza en esta difícil situación", avanza.
Una conclusión con muchos mensajes. El primero, que el Ejecutivo central tiene pocas esperanzas en que la Xunta ofrezca finalmente una redacción alternativa a los cinco preceptos en los que todavía no hay acuerdo. El segundo, y en el que Salgado hizo hincapié –después de la insistencia del Gobierno gallego en las "lagunas jurídicas" que plantea la suspensión de parte de la ley–, que para los once puntos impugnados hay que seguir "los de la normativa anterior". Y no la Lorca, como barajan Facenda y Presidencia. Y el tercer mensaje, que la disposición de Núñez Feijóo a vetar cualquier operación de Caixanova o Caixa Galicia que no sea su unión podría poner en peligro su futuro.
Otro llamamiento
Desde la Xunta vuelven a hacer un llamamiento a Moncloa para que levante "cuanto antes" el recurso "con independencia" de los plazos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que el Ejecutivo gallego está decidido a llevar también al Constitucional.
Son cosas independientes", asegura el conselleiro de Presidencia. "Sobre la ley se discute si es o no constitucional", señala Alfonso Rueda. "Nosotros decimos que sí y el Parlamento a través de sus servicios jurídicos acaba de oponerse al recurso del Gobierno diciendo que es constitucional", justifica.