Salgado asume que la reestructuración de las cajas se "acelerará" los próximos meses

JULIO PÉREZ - VIGO En el ritmo al que camina el nuevo mapa de las cajas de ahorros españolas, hay una fecha clave, que las entidades que necesiten dinero para sus operaciones no pueden perder de vista. El 30 de junio, el plazo de caducidad marcado por la Comisión Europea en las condiciones impuestas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar problemas de competencia en el mercado financiero del continente. "Creo que la reestructuración se está llevando a cabo con una velocidad que a nosotros nos gustaría que fuera mayor –reconocía ayer la ministra de Economía, precisamente en Bruselas, antes de la celebración de un consejo de los responsables de Economía y Finanzas de la UE–, pero seguramente podrá acelerarse en los próximos meses".
Con el ecuador ya de la validez de los préstamos con el que algunos procesos de fusión de entidades en marcha quieren reforzar su liquidez y asumir parte de los gastos derivados de las operaciones –prejubilaciones, ceses y cierre de oficinas, sobre todo–, Elena Salgado lanza un mensaje de tranquilidad y recuerda que la propia normativa del FROB permite ampliar el plazo con la petición de una prórroga. "Y, si es necesario, lo haremos", confirma.
A los populares tampoco les gustan los tiempos que se manejan para el nuevo puzzle del sector. De hecho, entre las medidas propuestas al Gobierno central para apoyar el pacto anticrisis, la dirección nacional del PP apuesta por acabar con el veto autonómico en las operaciones entre cajas de diferentes regiones que acudan al FROB, aunque luego su responsable económico –y ante el evidente descontento que la idea levantó en el PPdeG por sus plan para forzar la fusión de Caixanova y Caixa Galicia–, Cristóbal Montoro intentó matizar que se refería sólo a las que estuvieran en riesgo de intervención. Una situación en la que hoy por hoy ya no necesita ningún permiso previo de un Ejecutivo autonómico. Hoy interpelarán de nuevo a Salgado en la sesión de control del Gobierno por el proceso, como un primer paso para votar una moción en el Pleno el próximo 23 de marzo que insta a Moncloa a "impulsar" la reordenación y que, según Standar&Poor´s costará entre 30.000 y 35.000 millones de euros.
De que así se haga depende, a juicio del PP, que acabe "la restricción de acceso al crédito de familias y empresas" y "los problemas de solvencia" a los que está expuesto el sector por su importante vinculación con el mercado inmobiliario.