SELINA OTERO / X.A.TABOADA - VIGO
Altos cargos de la Xunta, alcaldes y diputados poseen un plan de pensiones privado para añadir un plus a su jubilación pública. Contratar este tipo de instrumentos de ahorro no entiente de color político. Populares, socialistas y nacionalistas admiten haber firmado en su día un plan de este tipo, como garantía de futuro. Otros muchos acreditan no contar con planes privados, confiando su jubilación única y exclusivamente al sistema público. De los 45 protagonistas de la esfera política gallega consultados por FARO, el 42% reconoce, sin reparo, tener un plan privado, un 25% asegura no contar con esta herramienta de ahorro y un 33% prefiere no contestar, al considerar que forma parte de su vida privada.
La recomendación lanzada esta semana a todos los ciudadanos por parte del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre la conveniencia de contratar planes de pensiones privados destapó la caja de los truenos en la cúpula política nacional. El consejo, desafortunado para unos y malentendido según otros, no sentó precisamente bien en un momento crítico para la economía española con la reforma del sistema de jubilación pública en juego. ¿Cuánto tiempo aguantará el actual modelo? ¿Tienen todos los españoles su jubilación asegurada en función de los años cotizados, como hasta ahora? ¿Se tambalea el sistema? Estas fueron algunas de las cuestiones surgidas en la calle a raíz de las polémicas declaraciones.
El responsable de Trabajo del Gobierno de Zapatero recomendó a los trabajadores contratar planes privados "para contar con un complemento a sus pensiones públicas y compensar la pérdida de ingresos que conlleva la jubilación". El aluvión de críticas a sus palabras, avivadas por la propia oposición, obligaron a Corbacho a recurrir de nuevo a los medios de comunicación para "matizar" su discurso. Aclaró a posteriori que en ningún caso se refería como alternativa al sistema público, sino como complemento, añadiendo que la jubilación está garantizada hasta 2025 aunque no se reforme el sistema y que ningún plan privado puede sustituir "nunca jamás" al público, "que no corre ningún peligro". Pese al parche mediático, la polémica estaba servida y desató una batalla de reproches entre los distintos partidos.
El PP fue el primero en cargar contra los socialistas, acusando a Corbacho de "generar alarma en un asunto tan delicado como la reforma del sistema y de crear más incertidumbre en lugar de transmitir seriedad y tranquilidad". El PSOE salió en defensa de su ministro al considerar "una obviedad" la recomendación de Corbacho para todo aquel que quiera tener más ingresos cuando se jubile, al margen de la pensión que le corresponda.
El tira y afloja continuó pasando de lo general a lo personal. ¿Acaso tú no tienes un plan de pensiones? ¿Quién lo tiene? Y así comenzó el "y tú más" entre la élite política de Madrid. La propia Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, la primera en criticar las palabras de Corbacho, admitió tener un plan privado de pensiones "muy bajito" desde que inició la función pública. Desde las filas de los populares se confesaron muchos otros, reconociendo sin reparo tener un plan privado, como José Luis Ayllón o Celia Villalobos. De su entorno socialista, Corbacho recibió más apoyos. El "yo también lo tengo" fue pronunciado por María Teresa Fernández de la Vega, Elena Espinosa, Beatriz Corredor o Miguel Sebastián. Desde CIU, Josep Antoni Duran y Lleida también hizo público su sí sin complejos, al igual que el portavoz del PNV, Josu Erkoreka o la diputada de UPyD, Rosa Díez. Otros políticos de distintos partidos aseguraron no contar con un plan de este tipo. Por si el revuelo fuera poco el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se equivocó, negando tener un plan de pensiones cuando en una entrevista realizada en marzo de 2004 había admitido poseer el del Congreso y dos más. Como se deduce de las confesiones de la élite política, los planes de pensiones no entienden de color político.
Lo mismo ocurre en Galicia. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, asegura contar con un plan y una hipoteca, mientras que los líderes de PSdeG, Manuel Vázquez y del BNG, Guillerme Vázquez, no lo tienen. Los alcaldes de Vigo, Ourense y Lugo sí poseen uno. El vicepresidente del Parlamento y el presidente de la FEGAMP, no. La mayoría de los diputados que cuentan con un plan de pensiones privado aseguran que lo rubricaron asociado a una hipoteca, vinculado a una mutualidad, ofertado por colegios profesionales o por las propias entidades financieras. Sí tienen: Fernando Blanco (BNG), Pedro Puy (PP), Guillermo Meijón (PSOE), Mar Barcón (PSOE), Rodríguez Román (PP), Teresa Táboas (BNG), Carme Adán (BNG), Abel Losada (PSOE), Yolanda Díaz (PP), José Carlos López (PP), López Chaves (PP) o Fernández Leiceaga (PSOE). También hay de todos los gustos y colores en el colectivo del "no poseo": Bieito Lobeira (BNG), Francisco Cerviño (PSOE), Carmen Gallego (PSOE) o Ana Pontón (BNG) (además de los que aparecen en las fotos). Tras escuchar a una amplia representación de la cúpula política gallega, el plan de pensiones parece ser una cuestión personal, sin lazo político. Algunos aseguran creer en él como instrumento de ahorro en sí mismo, otros desvelan "tenerlo totalmente abandonado". La mayoría de conselleiros han preferido guardar silencio y vincular este dato a su vida privada, al igual que los alcaldes de A Coruña y Pontevedra, la presidenta del Parlamento y los tres rectores universitarios.
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