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El nuevo decreto rebaja las críticas del Consello da Cultura y Galicia Bilingüe pero no del resto

Monteagudo cree que es "menos insatisfactorio" y Lago que va en la "dirección correcta"

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Algunos de los asistentes a la protesta organizada ayer frente a San Caetano.
Algunos de los asistentes a la protesta organizada ayer frente a San Caetano.  Xoán Álvarez

REDACCIÓN - SANTIAGO Los cambios en el borrador del decreto del gallego realizados por la Xunta sirvieron ayer para que tanto el Consello da Cultura Galega (CCG) como Galicia Bilingüe rebajasen sus críticas, si bien el resto de plataformas y sindicatos rechazaron de plano el nuevo documento.
El sociolingüista y secretario del CCG, Henrique Monteagudo, declaró que el borrador es "menos insatisfactorio" que la propuesta de bases presentada en septiembre, aunque advirtió de que "no es lo que el gallego ni Galicia necesitan".
La consulta a los padres resulta el punto que mayor atención despierta. Monteagudo considera que "no tiene mucha lógica ni sentido" , al tratarse de una "consulta excusada" y "para salvar un poco la cara". "¿Qué razón podrían tener los padres para intercambiar las lenguas?", se preguntó el filólogo.
El "modelo de equilibrio" entre gallego y castellano "no parece la solución ideal", según el dictamen elaborado por el Consello da Cultura Galega respecto a las bases. En esta línea, señaló que la propuesta "sigue siendo muy rígida".
Una opinión diferente muestra Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, que aplaude que avance "en la dirección correcta", aunque sin alcanzar "ni "los compromisos electorales asumidos" por Feijóo, ni el objetivo de aplicar la libertad de elección de la lengua vehicular.
Lago destaca la posibilidad de que los padres cambien la lengua en que se impartan las materias troncales, si bien no considera aclarado si podrán elegir en qué idioma estén los libros de texto de cada alumno.
La moderación de estas críticas chocó con la reacción de la plataforma Queremos Galego, que organizó una protesta frente al edificio administrativo de la Xunta al mismo tiempo que se presentaba el borrador. La Xunta reaccionó con gran presencia policial en las puertas del edificio, donde se concentraron más de 600 personas a pesar de que el acto se celebró un sábado.
Queremos Galego solicitó la dimisión de Anxo Lorenzo por avalar este borrador y su presidente, Carlos Callón, llamó "a la desobediencia" de la norma por parte del profesorado. La plataforma estudiará "todas las vías posibles" a nivel jurídico e internacional para parar una norma que elimina "los consensos a los que se llegó entre todos". En su opinión, no respeta el Plan Xeral de Normalización Lingüística ni la Carta Europea de las Lenguas Regionales.
Para mostrar su rechazo, la Mesa pola Normalización Lingüística ha convocado mañana a las 20.00 horas concentraciones en Vigo, Santiago, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Noia, Foz, Carballo y A Estrada.
Mañana el texto será enviado a la Mesa Sectorial de Educación. Los sindicatos con presencia en ella, CIG-Ensino, CC.OO-Ensino, FETE-UGT, STEG y ANPE rechazan el borrador por considerar que la consulta a las familias no debe ser "vinculante" respecto a la lengua en que se impartan las clases. Este último declaró, a través de un comunicado, que la Administración "no puede dejar al arbitrio de los padres propuestas de reparto distintas a las previstas en el decreto". "Esto no supone ni flexibilidad ni autonomía de centro", advirtió.
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Galicia fue el único que usó cifras contra la propuesta de Educación, al asegurar que unos 20.000 profesores de la enseñanza pública, a los que hay que sumar los de la privada, dejará de utilizar el gallego en las aulas.
Por su parte, la Coordinadora Galega de equipos de normalización e dinamización lingüística advirtió que "no se garantiza el equilibrio real de las dos lenguas" en el sistema educativo.
A nivel político , el número dos del PPdeG, Alfonso Rueda, destacó que la Xunta había cumplido su promesa de tener en cuenta la opinión de los padres, mientras PSdeG y BNG consideran un ataque "sin precedentes" al allego el documento.

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