X. A. TABOADA - SANTIAGO
El acuerdo pleno entre PP y PSOE para pactar la reforma de la Lei do Solo aún tendrá que esperar, pero las diferencias se van limando y ahora ya sólo queda como única discrepancia, aunque de gran calado político, la posibilidad que abrirá la ley para que se puedan autorizar actividades industriales en espacios naturales protegidos. El PP no está dispuesto a renunciar a esta opción y el PSOE no la quiere aceptar porque eso supondría dar vía libre a una piscifactoría en Touriñán y tragarse una de las decisiones más emblemáticas de la política territorial del bipartito, que fue bloquear esa planta. Por la parte del BNG no hay novedades y su decisión de votar en contra de la reforma es firme.
No obstante, la reunión de ayer de la ponencia parlamentaria encargada de negociar las enmiendas sirvió para consensuar el artículo que regularizará la situación de 1.200 naves industriales y un número sin cuantificar de viviendas levantadas sin licencia antes del año 2003, cuando entró en vigor la actual Lei do Solo que ahora se modifica.
A propuesta del BNG, la regularización se hará por un procedimiento extraordinario y con restricciones que no estaban previstas. Así, los propietarios de naves industriales dispondrán de tres años para legalizarlas y se les exigirá como requisitos que no tengan ningún expediente urbanístico o medioambiental abierto o que las instalaciones tengan conexión con la red viaria, además de a la red eléctrica y de saneamiento. En caso de no disponer de ellas, el propietario debe costear las obras de urbanización.
Para las viviendas el proceso será más simple. Sus titulares contarán con un plazo de dos años y tendrán que presentar al ayuntamiento el certificado de solidez y seguridad, un documento avalado por un arquitecto que garantiza las condiciones constructivas del inmueble. Pero este certificado no es gratuito y supondrá a los propietarios un desembolso de entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo de la tasa establecida en cada ayuntamiento. Eso sí, sobre ellas no debe pesar ninguna orden de reposición de legalidad ni estar denunciadas.
Pese a no apoyar la reforma, el Bloque sí ha contribuido con sus enmiendas de mejorar un texto que modifica 44 artículos de la Lei do Solo. Pero la clave está en ver si PP y PSOE son capaces de llegar a un acuerdo, que sería el primero de calado en esta legislatura, que funcionaría como antesala del pacto por el territorio que los socialistas ofrecieron a la Xunta para, entre otras cosas, consensuar las directrices del territorio o redactar una nueva ley del suelo.
Pero este acuerdo está pendiente de los usos en espacios naturales protegidos. La reforma de la Lei do Solo permitirá que parques eólicos, piscifactorías o otras actividades industriales de explotación de recursos naturales se pueden instalar de espacios protegidos. Bastaría para ellos, además de cumplir con la legislación básica, un plan sectorial que debería ser aprobado por la Xunta.
Relevo
En pleno debate sobre la reforma de la Lei do Solo, el Consello de la Xunta cesó ayer al director da Axencia de Legalidade Urbanística, Hipólito Pérez, nombrado por el bipartito, y lo sustituyó por María Martínez Allegue.
Hipólito Pérez fue el primer director da Axencia da Legalidade Urbanística y ahora el conselleiro de Medio Ambiente buscaba “otro perfil” para consolidar su funcionamiento.
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