JULIO PÉREZ - VIGO
Por su transcendencia para el futuro del país y en calidad de puerta de entrada, como muchos analistas sostienen, de una segunda fase de cambios en el sector ya entre los bancos, el debate sobre la reestructuración de las cajas formará parte sin ninguna duda del temario de las próximas generaciones de estudiantes de Economía y será una buena opción para una tesis que analice la delgada línea que separa los imperios financieros de la política. Desde que se encendieron las primeras alarmas con los números rojos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), intervenida por el Banco de España en marzo del pasado año, el nuevo puzzle de las entidades va tomando forma, tan despacio que hasta Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el mismísimo gobernador del organismo que supervisa el sistema y que conoce a la perfección los estados contables, ha salido en unas cuantas ocasiones a tirar de las orejas a las propias cajas y a algunos gobiernos autonómicos, siempre sin nombrarlos, por las zancadillas al proceso. Un ingrediente que en las últimas semanas se ha convertido en protagonista de la discusión y al que muchos culpabilizan del retraso en las operaciones. Hoy sólo la mitad del sector tiene más o menos diseñado su futuro con fusiones o con un Sistema Institucional de Protección (SIP).
Con la amenaza de la caducidad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para las entidades que quieren recurrir a él –el calendario marca un límite inicial de las ayudas, por imperativo de la Comisión Europea, en junio– y la necesidad de normalizar la situación para evitar el impacto en el flujo del crédito y en los balances, los nervios en el sector están a flor de piel. Nadie duda de que marzo será, debería ser un mes fundamental, pese a que hasta las operaciones que estaban más cerradas intentan sobrevivir con sorpresas de última hora.
La última, en Cataluña. Allí hay dos fusiones en marcha. En cualquier momento llegará el visto bueno de Bruselas al proyecto de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. Una autorización necesaria porque los 1.315 millones de euros que piden al FROB superan el 2% de sus activos ponderados por riesgo. Las cajas vinculadas a las diputaciones en la comunidad tendrán que rehacer, precisamente, sus cálculos de ayudas tras el portazo de Girona a la integración. “No estaba clara”, argumentan sus responsables. Manlleu, Sabadell y Terrassa están convencidas de que pueden seguir adelante.
En Andalucía, las cosas tampoco van como deberían en la unión entre Cajasur y Unicaja. Un proceso especialmente complejo por el papel que juega la Iglesia como fundadora de la primera y porque el ya de por sí complejo proceso de negociación laboral camina a marchas forzadas. La guinda la puso el plan de negocio, encargado a Boston Consulting Group, que señala que hasta el cierre de 2011 la nueva entidad no dará beneficios. El otro foco de atención en la comunidad es el matrimonio de Cajasol con Caja Guadalajara, que acaban de abrir la puerta a los sindicatos para hablar de un plan que en principio nace cojo tras el distanciamiento de las cajas extremeñas, que prefieren dar pasos por separado.
Como ellas, la mayoría de las entidades de ahorro se han fijado en la figura del SIP, para reforzarse ante el envite de la crisis y la merma de sus resultados. Las alianzas son hoy la primera opción, la mayoritaria, con el convencimiento además de que todas las pegas que llegan de algunos expertos y algunos ejecutivos regionales por la supuesta descentralización de los servicios centrales y la bancarización del negocio acaben diluyéndose, por lo menos legalmente, con un retoque en la Ley de Órganos de Representación de las Cajas (Lorca) que el Gobierno central analiza con el Banco de España y los partidos políticos mediante una enmienda en la Ley de Blanqueo de Capitales.
Banca Cívica toma forma. De las que no irán al FROB. Son Caja Navarra, CajaCanarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Burgos, que aportó otro de los llamativos giros en la reestructuración con su descuelgue de la fusión leonesa con Caja Duero y Caja España. El enfado inicial del Ejecutivo capitaneado por Juan Vicente Herrera ha dado paso a la tranquilidad actual del presidente popular, partidario ahora de “abrir la mente” a alianzas interregionales. Caja Ávila y Caja Segovia, de hecho, también meditan acercarse a este SIP. Caja Inmaculada, Caja Rioja y Caja Insular de Canarias analizan el suyo propio.
¿La tercera caja?
La balear Sa Nostra estaba arrimada a Banca Cívica. Pero al final le convence más el proyecto del que podría salir el tercer gran grupo de ahorro en España, también sin FROB, por detrás de La Caixa –inmune a la reestructuración– y Caja Madrid –que prefiere cambiar antes su equipo directivo tras la llegada a la presidencia de Rodrigo Rato–. Con Sa Nostra estarían embarcadas Cajastur y el negocio que compró de CCM, Cajamurcia, Caja Cantabria y... ¿Caixanova? Por eso en el seno de todas estas entidades están a la espera de lo que finalmente ocurra en Galicia con el culebrón de la ley de cajas y hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente de la Xunta con su amenaza de veto a todo lo que no sea la fusión para dar un paso al frente.
A las críticas de Miguel Ángel Fernández Ordóñez por las injerencias políticas en la reestructuración, unen su voz las propias cajas. “Hace falta que desaparezcan algunas trabas”, aseguraba ayer el director general de la Confederación Española de Cajas (CECA). Obstáculos de gobiernos regionales. “Determinados impedimentos a nivel autonómico pueden hacer que se retrasen en algún momento [en referencia a las operaciones] –reconoce José Antonio Olavarrieta–. En la medida que se flexibilicen algunas de las autonomías en la atención que están dando a este tema, es evidente que será bastante más fácil la consolidación”.
Una opinión que el presidente de la patronal bancaria no acaba de compartir. Los responsables “son las propias entidades”. “Es inaceptable –apunta Miguel Martín– que se diga que algunas operaciones no se han cerrado porque no estaban los instrumentos o por determinadas autoridades autonómicas”. En su discurso, una petición para que las cajas “revisen su modelo” y para que desaparezcan las que no son viables. La CECA dice que no conoce ningún caso así.
