JULIO PÉREZ - VIGO
Quizás por el mensaje que le lanzó hace un par de días el presidente Núñez Feijóo con su disposición a dejar la última palabra sobre la ley de cajas al Constitucional antes que "someterse" a un "cargo andaluz" del Gobierno central, el secretario de Estado de Cooperación Territorial tira de retranca e incluso del gallego como lengua para responder, de nuevo por escrito, a la última carta del conselleiro de Presidencia y sus exigencias de un cara a cara para desbloquear las negociaciones. "Con alegría continúo esta intensa relación epistolar", asegura Gaspar Zarrías, muy crítico con los cambios "tímidos y tenues" que ofrece Alfonso Rueda. "Si no hay una modificación de postura –advierte–, volver a repetirnos físicamente por quinta vez los mismos argumentos que ya nos hemos intercambiado en cuatro reuniones carece de sentido". El encargado de Moncloa apela a un ahorro de tiempo y de "gasto para los contribuyentes" en ambas administraciones, "más en estos tiempos de obligada austeridad y contención", para exigir una propuesta de modificación que realmente se adapte a la Ley de Órganos de Representación de las Cajas (Lorca).
Pese a que Zarrías reitera en que la llamada de atención no es nueva y que la Xunta conoce los detalles de la postura que defiende Moncloa, la carta incluye los matices incorporados por el Ejecutivo gallego en los cinco puntos todavía pendientes de acuerdo y su falta de encaje con la legalidad a ojos de los servicios jurídicos del Estado. "Si se quiere la retirada del recurso será imprescindible [...] superar los obstáculos que lo causan", señala.
Un camino que pasa por "modificar los preceptos cuestionados" y "no encubrir la inmovilidad en afirmaciones victimistas, pues éstas, insisto, sólo evidencian la falta de argumentos y capacidad negociadora". Gaspar Zarrías recuerda que la mesa de negociación no es un "foro" para defender la constitucionalidad de la normativa, por "si es lo que pretende" Presidencia y la Consellería de Facenda. "Ése no es otro que el Tribunal Constitucional contestando al recurso", explica.
Ante una situación de déficit patrimonial en una de las entidades. La alternativa de la Xunta es mantener una autorización previa ante una posible intervención de los órganos competentes, aunque ya no los vincula a la comunidad. "Sigue resultando controvertido", se queja Zarrías. Porque llegado el caso el Gobierno gallego podría interpretar que el permiso que vale es el suyo. La apuesta del Gobierno central para "resolver el conflicto" es incluir cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado.
La representación en los Consejos. Las Consellerías de Presidencia y Facenda añaden un nuevo párrafo que fija la misma proporción que en las Asambleas. Eso cumpliría con la Lorca. Pero el artículo mantiene el veto a cualquier otro sector que no sea el Parlamento autonómico para tener más de un miembro, "lo que resulta contradictorio con lo anterior o lo desnaturaliza".
La renovación de los órganos. La solución ofrecida por el Ejecutivo gallego es borrar la palabra totalidad que acompaña los órganos de representación en los dos meses que se dan para el proceso. La parcialidad que exige la Lorca "no se resuelve". Zarrías insta a que se profundice "en el contenido del precepto" y que le corresponde a la Xunta "fijar ese criterio de parcialidad".
Mayoría para aprobar la fusión y control de la Obra Social. En ambos casos la oferta que mandaron Rueda y Fernández Currás fue un acuerdo interpretativo y para el Gobierno es un ejemplo de que "no se alteran" las posiciones. Para el primer caso, Gaspar Zarrías exige que se contemple "expresamente" la mayoría de dos tercios de la Asamblea. Para el segundo, una aclaración del alcance de las autorizaciones que quiere aplicar la Xunta para "atender a las exigencias de la seguridad jurídica", una modificación del artículo, "sin que se advierta ninguna razón para no hacerlo".
No sólo se queda Zarrías en los cinco puntos pendientes. En los seis que sí se pactaron reprocha a la Xunta su "actitud poco generosa, en el límite de lo permitido, nunca en el marco de lo deseable".
Todas estas alternativas para la ley gallega no son nuevas, según el secretario de Estado. A la petición de Rueda de "un nuevo documento que refleje la posición y opinión del Gobierno" contrapone Zarrías el dictamen del Consejo de Estado, la denuncia de Moncloa en el Constitucional y el informe sobre la negociación e "incluso alguna sugerencia que no se tuvo en cuenta" que acompañó a su primera carta de contestación, el pasado día 4. "¿Qué otro documento quieres o necesitas?", le pregunta a Rueda.
En la carta no faltan los reproches por las críticas vertidas por la delegación gallega y su convencimiento de que la verdadera intención del Gobierno central es "bloquear" las conversaciones. "Desde el primer día abrí mis puertas al diálogo", sostiene Zarrías. Igual que "desde el primer día" el secretario de Estado presentó el debate "única y exclusivamente" en términos jurídicos. "Desde el primer día –dice de nuevo– tengo advertido que nadie intente confundir el debate y hacer del mismo una controversia política". Quien lo hace, según el secretario de Estado, "pone en evidencia que no tiene argumentos jurídicos". De hecho acusa directamente a la Xunta de "inmovilismo". "No se trata de que unos ganen ni de que otros pierdan, se trata única y exclusivamente de ajustes el texto a la legalidad –añade–. Si alguien tiene que ganar aquí, ésa es Galicia y su sistema financiero".
A los conselleiros les pide que cuando hablen de Galicia tengan en cuenta que el Gobierno de España "también es Galicia" y a él le corresponde velar por la constitucionalidad de las leyes. "Nuestro deseo no es otro que Galicia tenga la ley de cajas que quiera aprobar su Parlamento en el ejercicio de las competencias que tiene reconocidas en su Estatuto", afirma Zarrías, que reclama a Rueda que "acompañe" sus declaraciones de "propuestas de redacción".
Sobran las palabras en opinión de la Xunta para calificar la nueva misiva. Fuentes de la Consellería de Presidencia creen que es "un ejemplo más" de que "el Gobierno central no se toma muy en serio la negociación". "Una falta de respeto a Galicia", asegura. Incluso algunos de los reproches de Zarrías se interpretan como "un ataque directo" del Gobierno central.
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