X. A. TABOADA - SANTIAGO
A falta de reuniones entre la Xunta y el Gobierno para desbloquear la ley de cajas de Galicia, la negociación parece haberse reducido a un intercambio de comunicaciones y cartas. Si el viernes la Xunta envió a Madrid una propuesta alternativa de los artículos aún en conflicto y el lunes la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial respondía con una carta en la que calificaba los cambios de "tenues y tímidos", el Gobierno gallego volvió ayer a remitir otra misiva en la que urge al Ejecutivo central a reabrir las negociaciones y a precisar cuál sería la "redacción" concreta que quiere para esos artículos con el fin de zanjar el conflicto. Es decir, la Xunta reclama al Gobierno que, ante el desacuerdo, proponga directamente el texo que le "satisfaría" para evitar prolongar las discusiones, si bien advierte que no debe alterar "aspectos sustanciales de la ley".
La carta, dirigida al secretario de Estado de Cooperación, Gaspar Zarrías, la firman los conselleiros de Facenda, Marta Fernández, y de Presidencia, Alfonso Rueda, y en ella lamentan la falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno y la intención de que la Xunta "acepte sin más todos y cada uno de los postulados como requisito imprescindible para llegar a un acuerdo".
Las divergencias afectan a los puntos relativos a la situación de déficit patrimonial, al veto a cualquier sector que no sea el Parlamento para tener más de un miembro en los consejos de administración de las cajas, a los plazos de renovación de los órganos de gobierno, al control de la obra social y a las mayorías requeridas en las asambleas para poder aprobar las fusiones.
La Xunta solicita a Zarrías que le aclare en qué consisten los avances "tenues y tímidos" que aprecia en la propuesta alternativa enviada el viernes y censura su incumplimiento para convocar una nueva reunión. "Es imprescindible sentarse a negociar, confrontar opiniones y llegar a avances, en lugar de rehuir las reuniones, levantarlas o suspenderlas en el último momento", reprochan los dos conselleiros.
Unas pocas horas antes, Marta Fernández había comparecido en el Parlamento para explicar precisamente el estado de las negociaciones con el Estado, en cuya intervención acusó al Gobierno de cometer un "abuso de poder" y una "burla"por el tratamiento que está dando a Galicia, comportamiento, dijo, que es totalmente diferente al que dispensa a otras autonomías gobernadas por el PSOE. "El objetivo espurio y el propósito no confesado es frustar la fusión de las dos cajas gallegas", espetó la conselleira en alusión a las intenciones de Madrid.
La conselleira admitió que se entra en un momento "crítico" por el escaso margen de tiempo para poder reestructurar el sistemana financiero.
El diptuado del PSOE Abel Losada censuró que todo el esfuerzo de la Xunta se dedique a defender la "vanidad" de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, al que ve "radicalmente solo" porque, dijo, tanto el Consejo de Estado, como el Gobienro, el Tribunal Constitucional, la CECA y hasta Rajoy y Montoro mantienen otros postulados.
Losada negó la motivación política del recurso, "salvo que sean políticos el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional". El diputado socialista defendió "la buena voluntad política" del Gobierno español.
Por su parte, el diputado del Bloque Fernando Blanco indicó la que a su juicio debe ser la hora de ruta del Gobierno gallego: recurrir ante el Constitucional el decreto del FROB, abandonar la negociación con Madrid y usar los servicios jurídicos del Parlamento para defender la ley de cajas. "Hay que tirar para adelante y djar la negociacioón", dijo.
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