La austeridad es ya una constante diaria en los ayuntamientos gallegos, ahogados por la crisis. Por eso, el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, rechazó ayer el plazo de tres meses dado por el Gobierno a los ayuntamientos para que redacten sus planes de contención de gasto. La propuesta de la vicepresidenta económica Elena Salgado "revela cierto desconocimiento o distanciamiento de la realidad", le responde Fernández.

La reducción de los ingresos procedentes del Estado el año pasado rondó el 10%, por lo que los municipios tienen ya las manos atadas. No pueden ahorrar más. "Somos la austeridad por excelencia y más después de que (Elena Salgado) nos tenga sometido a un lifting con la reducción de ingresos del Estado", indica Fernández.

Los ingresos locales se han desplomado durante el año pasado, lo que ha provocado que algunos ayuntamientos tengan dificultades incluso para pagar las nóminas a sus trabajadores. "Un plan como el que Salgado ha propuesto en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es inaplicable a nivel local. ¿Qué ayuntamiento va a reducir personal si incluso tiene problemas para pagar nóminas?. ¿Cómo vamos a disminuir un 16% el gasto corriente si ya es esquelético? Y los gastos de protocolo son anecdóticos", dice en alusión a las recetas que Salgado ha impuesto en la SEPI. Esta misma semana explicitó sus metas: reducir un 4% en personal, un 16% en gasto corriente y un 36% en gastos protocolarios, viajes y dietas.

No a la subida de impuestos

Fernández considera que el carácter básico de los servicios que prestan los ayuntamientos impide recortes de gastos. "¿Cómo se recorta en el servicio de traída de agua o en la recogida de la basura?", ironiza el representante de los municipios gallegos.

Una de las escasas vías para aumentar los ingresos sería la subida de impuestos, por ejemplo, de la tasa de basuras o el IBI, que la Fegamp descarta. "El año pasado rebajamos los servicios un 0,2% porque pactamos fijarlo en función del IPC, que por primera vez en muchos años fue negativo", recuerda.

El único flanco en que los ayuntamientos pueden apretarse el cinturón es en el de las fiestas, actividades culturales o patrocinio deportivo. "Pero si un municipio con 20 millones de presupuesto recorta 100.000 euros hablamos de algo casi anecdótico", comenta.

Los planes de Moncloa, sin embargo, son ambiciosos. La crisis ha obligado a Salgado a presentar un plan de austeridad en todas las administraciones para lograr ahorrar 50.000 millones de euros durante los próximos cuatro años. De ellos, 40.000 corresponden al Gobierno central y 10.000 a las autonomías y municipios.

Para asegurarse de que se cumple su programa, Salgado ha dado un plazo de tres meses a gobiernos autonómicos y locales para que le remitan por escrito sus respectivos planes de recorte de gasto y reducir así el déficit público. "No es una resolución firme", matiza Fernández, quien además reitera con ironía que en el caso de los ayuntamientos resultará fácil elaborar el plan porque ya no tiene nada que recortar.

El lastre español

El Gobierno quiere rebajar el creciente déficit público, que lastra la economía española, y lograr que pase del 11,3% del año pasado al 3%, tope marcado por las autoridades comunitarias. De hecho, su intención es fiscalizar el gasto de las autonomías cada tres meses, así como de los pagos realizados a empresas y el número y cuantía de las facturas pendientes de abonar.

En este terreno, la Xunta considera que lleva ventaja porque se ha aplicado la misma receta de contención de gasto en sus presupuestos. Esta hoja de ruta ya se abordó con Moncloa durante el pasado mes de diciembre, si bien la Consellería de Facenda no precisa si enviarán o no algún documento como aval de su gestión.

Los datos les permiten situarse como alumnos aventajados frente al Gobierno de Zapatero. Mientras éste cerró 2009 con un déficit público disparado, Galicia fue de las pocas comunidades que pudo mantenerse cerca de la estabilidad presupuestaria, con un déficit del 1% del PIB. De hecho, es la única que se mantiene por debajo del 2,2%, la media de desviación estimada por el Gobierno central para las autonomías.

Los ingresos de la comunidad para este año no ayudarán a mejorar el déficit, pues los presupuestos prevén volver a las cantidades de 2006, cuando las arcas gallegos ingresaron 9.900 millones de euros. La caída respecto al año pasado será de unos 1.500. Los principales lastres serán las reducciones del 16,5% de los ingresos a cuenta del Estado y del 33% del impuesto de transmisiones patrimoniales.

Para disponer de liquidez, la Xunta anunció durante la tramitación de los presupuestos que agotaría el límite de endeudamiento que permite la legislación y que se sitúa en el 2,5%. En este panorama prevé un crecimiento de la economía gallega del 0,7% para 2010.