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Salgado acusa al Ejecutivo gallego de "instrumentalizar" la nueva ley para una fusión "que la anterior norma no impedía"

El Bloque reprocha al Ejecutivo "una actitud prepotente y chulesca"

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J. PÉREZ - VIGO Hasta 14 interpelaciones esperaban la respuesta de la vicepresidenta económica del Gobierno en su comparencia voluntaria ayer en el Congreso. Crisis, financiación a pequeñas y medianas empresas, reforma del IVA... Con el maratón de encuentros para lograr un pacto político que le dé la vuelta a los números del país como telón de fondo y la reestructuración del sector financiero en el papel de protagonista. Por eso y por la repercusión que en todas las comunidades pueda tener el texto final de la ley gallega de cajas, Elena Salgado tuvo que lidiar con las críticas del BNG por la "instrumentalización" de las conversaciones con la Xunta para "favorecer" la absorción de Caixanova y Caixa Galicia por entidades "foráneas". La ministra devuelve la pelota. "La instrumentalización fue la modificación de la ley, porque la ley anterior, la vigente, no impide para nada que las dos cajas de Galicia se fusionen", asegura Salgado. "Parece que ésa –añade– sí ha sido la intención de la Xunta".
Los mismos reproches que el diputado nacionalista Francisco Jorquera lanzó al presidente del Gobierno hace quince días en el pleno del Congreso, le tocaron esta vez a la ministra en su cita con la Comisión de Economía. El Bloque le exigía que explicase "los verdaderos motivos" del recurso ante el Tribunal Constitucional por once de los preceptos que populares y nacionalistas cambiaron. "Prácticamente todos los artículos de la ley gallega están en otras comunidades", asegura Jorquera, con un repaso por algunos de los puntos conflictivos y la comparación con otras legislaciones autonómicas, con las que hay "coincidencias". "La sensación es que usan diferentes varas de medir y a Galicia le aplican la ley del embudo", asegura el diputado del BNG.
En su intervención, Jorquera no se olvidó de la enésima polémica en el culebrón de las cajas, las dos diferentes posturas que sobre la reestructuración defienden la dirección nacional del PP y la del PPdeG, con la que los nacionalistas pactaron la nueva ley. "Aunque no nos guste el color político, el Gobierno gallego está en este momento defendiendo Galicia", afirma. Pero el portavoz del BNG en el Parlamento gallego ponía horas antes como condición para mantener ese respaldo que la Xunta recurra "ya" en Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para no ser "cómplice" del PSOE, pero también del propio PP.
La prueba "más elocuente" para Jorquera de que el Gobierno central "quiere expatriar el ahorro gallego" es que la negociación de Presidencia y Facenda con el Ministerio de Política Territorial se haya atascado "en la mayoría necesaria para la fusión y los tiempos de renovación de los órganos de dirección". "Ponen piedras la fusión", reconoce el Bloque en relación a la importancia de la reforma de esos dos puntos para conseguir la operación. "Una actitud prepotente, chulesca, ausente del más mínimo respeto institucional", resume.
La vicepresidenta tampoco se quedó callada. Ni en su primera referencia al conflicto, con la exigencia clara de que la solución pasa por "modificar" los aspectos "que contradicen" la normativa estatal, la Ley de Órganos de Representación de las Cajas (Lorca) y adaptarse "al bloque constitucional". "El recurso carecería de objeto e inmediatamente se retiraría", promete. "En ese camino se está trabajando". Ni tampoco en el turno de réplica. "En un momento determinado y hasta donde yo sé, la Xunta requirió tener la ley andaluza como referencia y resulta que luego no le sirvió", recuerda Salgado, que apuesta por "mirar en positivo" y defiende la necesidad de "garantizar la solvencia" del sector.
Los únicos planteamientos que Moncloa comparte con el PP de cara al futuro de las cajas es la incompatibilidad de los cargos políticos con puestos de responsabilidad en las entidades. "En el resto les hemos propuesto modificaciones", anuncia. En el punto de mira está la reforma de la Lorca, que el Gobierno central abordará "en el segundo semestre", pese a la petición de casi todos los partidos de adelantarla. "Para no crear inseguridad jurídica e impedir que la reestructuración se desarrolle adecuadamente", explica. "La reforma será absolutamente respetuosa con el bloque constitucional", avanza.

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