Galicia contará con un cuerpo especial de inspectores dedicados en exclusiva al control de la actividad comercial en la comunidad y la cantidad desembolsada por los comerciantes que cometan infracciones graves, como carecer de licencia o negarse a facilitar la información requerida por las autoridades, se reducirá a la mitad. El anteproyecto de la nueva ley de comercio de Galicia, hecho público ayer por la Consellería de Economía e Industria, establece la sanción máxima en caso de infracciones comerciales muy serias en 600.000 euros, mientras que la anterior legislación (todavía en vigor) fijaba el techo en los 1.200.000 euros.

Para realizar el seguimiento del cumplimiento de los horarios, revisión de etiquetado o las nuevas fórmulas de promociones, respetando los periodos de rebajas sin realizar descuentos previos, la Xunta contará con inspectores especializados en comercio: serán funcionarios del cuerpo de gestión de la Administración autonómica (Subgrupo A2). Las infracciones incluidas en el anteproyecto de ley, que en caso de considerarse graves han de pasar obligatoriamente por el Consello de la Xunta, conllevan sanciones como el apercibimiento de la persona infractora, la incautación o pérdida de la mercancía o el cierre del establecimiento por un periodo no superior a un año. En caso de multas económicas, las faltas leves (no exhibir autorizaciones u homologaciones, por ejemplo) se castigarán con cantidades de hasta 1.500 euros; las graves (no constar en el nuevo Registro Galego de Comercio o incumplir los plazos de las promociones y saldos) entre 1.501 y 30.000 euros y las muy graves (asuntos de licencias, facturaciones indebidas superiores al millón de euros o reincidencia) de 30.001 a 600.000 euros.

Otra de las novedades de la ley es la ordenación de los outlets al aire libre. Por primera vez en Galicia se define el fenómeno de las ferias de oportunidades, cada día más habituales en localidades y ciudades de la comunidad. Era una de las principales reivindicaciones del comercio tradicional gallego que, ante la ausencia de regulación específica, las consideraba "competencia desleal".

La Xunta ha plasmado, en este punto, las reclamaciones de los minoristas. Estas ferias, promovidas por comerciantes en núcleos urbanos habilitados por los concellos, tendrán una duración máxima de tres días y sólo se podrán celebrar una vez al año, "preferentemente en periodo de rebajas". Según el anteproyecto de ley, dos tercios de los comerciantes que participen en la feria deberán ejercer su actividad en dicho concello o comarca y ninguno de ellos podrá ocupar más de una décima parte de la dimensión espacial de la feria, previa autorización de la Mesa Local de Comercio y comunicación a la Dirección xeral de Comercio al menos un mes antes.

Saldos y permisos

Transcurridos más de 20 años desde la aprobación de la anterior ordenación del comercio interior de Galicia (Ley 10/1988), la nueva ley gallega de comercio trata de adaptar la regulación a los cambios en el sector en las últimas décadas. Según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la nueva ley busca "un equilibrio" entre la protección al consumidor y el pequeño y mediano comercio "dentro del escenario de liberalización europea".

La Consellería de Economía e Industria ha tenido en cuenta las peticiones de los minoristas de Galicia, impidiendo hacer descuentos en tienda en los 30 días anteriores al periodo oficial de rebajas, tal y como adelantó FARO. Esta tendencia, iniciada por las grandes superficies bajo la denominación de saldos o promociones, afectaba a las ventas del comercio tradicional, al adelantarse la reducción de precios de los productos. La nueva regulación impedirá esta técnica, que será castigada como falta grave. No habrá cambios en los horarios comerciales. Según avanzó ayer el conselleiro de Economía, Javier Guerra, se regirán por la regulación aprobada hace dos años. En cuanto a la ordenación de las grandes áreas comerciales, será la Xunta la encargada de gestionar las licencias supramunicipales siempre que superen los 2.500 metros cuadrados, atendiendo a criterios de viabilidad urbanística, ordenación del territorio, normativa medioambiental y transporte. En cuanto a la regulación de productos en tienda, los vales por devolución de mercancía no tendrán caducidad y todos los artículos a la venta deberán tener a la vista el precio.

Entre los nuevos organismos que controlarán el sector la Xunta contará con un Registro Galego de Comercio, con la actualización del número de establecimientos en la comunidad, un observatorio autonómico con miembros de la Administración y el sector y Mesas Locales para gestionar la actividad con los ayuntamientos.