Al discurso esta vez no le faltan detalles. Y la ambigüedad brilla por su ausencia. Son las mismas ideas que la dirección nacional del PP lanza desde que comenzó el debate sobre la reestructuración del mapa de las cajas de ahorros, pero ahora por escrito, con papel oficial del partido y como segundo punto entre las prioridades de los populares para salir de la crisis. La propuesta que su responsable del área económica, Cristóbal Montoro, entregó ayer al Gobierno central en la ronda de contactos para lograr un pacto con el que salir de la recesión evidencia que en Génova tienen una visión muy, muy diferente a la del presidente de la Xunta sobre el futuro del sector. Como meta se fija el equipo de Mariano Rajoy que el crédito "vuelva a fluir" tanto para las familias como para las pequeñas y medianas empresas, y la condición que ponen es una reestructuración del sistema financiero que acabe con el "veto autonómico" a las operaciones entre entidades que recurran a las ayudas públicas y potencie las alianzas, aunque el órgano central por el que se apueste sea un banco. Todo lo contrario que defiende Núñez Feijóo.
El mismo Montoro lo presenta como un asunto "fundamental". Que Moncloa aborde la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas (Lorca), la normativa estatal que sirve de base para los desarrollos autonómicos, pensando en "abrir las posibilidades" para "facilitar las fusiones entre cajas de diferentes comunidades" y así "agilizar el proceso de reestructuración" y "sanear" el sector. Por eso el PP defiende también que se aproveche todo el margen de maniobra que recoge el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de "intervención" en las cajas "con problemas de viabilidad y solvencia".
Sin medias tintas, y pese al derecho de control sobre las entidades que se atribuyen algunos de los gobiernos autonómicos populares, especialmente Galicia, la propuesta pasa por reducir las competencias autonómicas en "las operaciones que requieran dinero público". Lejos de quedarse en las autorizaciones previas, el partido habla directamente de "eliminar" el veto autonómico.
Los conceptos público y privado se mezclan en la batería de medidas que incluye el informe en manos ya del Gobierno central. Por un lado, con la "recapitalización" del Fondo de Garantía de Depósitos –la hucha financiada por las entidades y el Banco de España para pagar a los clientes en caso de una quiebra y al que también han accedido las cajas para recibir una inyección de liquidez en los últimos meses– y la posibilidad de crear "un nuevo tipo de cajas de ámbito nacional" que estén supervisadas en exclusiva por las autoridades estatales. Sin opción a una tutela regional y, por lo tanto, por encima de las reticencias de ejecutivos autonómicos a alianzas y fusiones por cuestión territorial.
Del otro lado, en el camino a la privatización, los populares quieren abrir la puerta a que la "potenciación" de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) venga de la mano de "aportaciones del mercado" en combinación con el capital fundacional de las cajas que lo integren y que tengan "ficha bancaria". Es decir, que el SIP tenga un banco como órgano de referencia. Para reforzar los fondos propios de las cajas, el PP reclama "nuevos mecanismos" y "en concreto" dar derechos políticos a las cuotas participativas, lo más parecido que tienen las cajas a las acciones y que, hasta ahora, no permitían influir en las decisiones de sus órganos de gobierno.
Para el FROB reclama el PP dos exigencias más por encima de los requisitos a mayores impuestos por la Comisión Europea. Un Real Decreto que distinga "con precisión" quién lo solicita por un "simple refuerzo" y quién por "problemas de viabilidad y solvencia" para "no enmascarar con dinero público los problemas de las entidades y las responsabilidades de los gestores". Todas aquellas cajas que acudan a las ayudas deberían, a juicio del PP, sacar su stock de viviendas al mercado para aligerar el balance con "un plazo máximo" para hacerlo y con la obligación de que las provisiones para cubrir la cartera inmobiliaria se eleven, como el Banco de España está estudiando, de un 20% al 30% del valor de tasación para "reflejar fielmente el valor de los activos".
La única idea en la que las posturas de Génova se asemejan con las de San Caetano está en la incompatibilidad de cargos electos con miembros de Asambleas y Consejos de administración de las entidades. "Garantizando la profesionalidad de los órganos de gobierno de las cajas, promoviendo su eficiente implantación en el territorio nacional", señala el PP.
Desde el verano
Lo de ayer es un punto y seguido en la radiografía que los populares tienen del sector y que han ido perfilando desde los primeros rumores de operaciones el pasado verano. De hecho, el presidente del partido dejaba claro en una entrevista con FARO en agosto que el "único criterio" en una hipotética fusión de las cajas gallegas –a la que miró en julio con malos ojos por la destrucción de empleo– debería ser el económico y que la decisión fuera de las entidades. Mariano Rajoy insistía en ambas condiciones medio año después. Su equipo económico, especialmente Montoro, seguía la estela de apostar por operaciones interregionales. Sólo una vez pareció matizar su parecer para defender "las competencias" de la Xunta.
Las diferencias motivaron como era de esperar una de las preguntas de la jornada ayer para Núñez Feijóo, que sigue negando las divergencias. "Para nada", asegura el presidente de la Xunta. "El señor Rajoy y el señor Feijóo –añade– están apoyando muy claramente la posibilidad de que se fusionen las cajas gallegas y que Galicia tenga una gran entidad". Una explicación que da también el portavoz parlamentario de Economía del PPdeG. Pedro Puy descarta que existan "contradicciones" con la dirección nacional. "Importa lo que diga Rajoy y el resto son documentos de trabajo", dice. Y sobre "documentos de trabajo amplios y de futuro", el diputado prefiere "no entrar a valorar".
