Y mientras ambas administraciones se culpan del atasco en la negociación, ¿qué ocurre con la ley? Desde el pasado sábado,con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional y la paralización de los diez puntos impugnados por el Gobierno central, el resto de la normativa está oficialmente en vigor. La Consellería de Facenda ha encargado un estudio para analizar su aplicación. Un trámite "habitual", según fuentes del departamento, que en este caso es más necesaria por la peculiar situación que se ha dado.Facenda asegura que el informe de la asesoría jurídica no está finalizado y que no se ha hecho por ningún punto en concreto. Pese a la rotundidad con la que el pasado viernes la conselleira Marta Fernández Currás dio por hecho que desde la aparición en el BOE del recurso la puerta se abría para el cese de los miembros del Consejo de administración que superen los 70 años –entre ellos,el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, dos de sus vicepresidentes y un cuarto vocal en Caixa Galicia–, las cosas en el seno del Gobierno gallego ya no están tan claras.De hecho, Facenda reconoce, como adelantó FARO, que el artículo que regula las condiciones de los vocales en las cajas –los integrantes de los Consejos– está paralizado porque forma parte del mismo artículo que el Constitucional detuvo al contemplar que sólo el Parlamento puede tener más de un representante en este órgano.Una situación que deja blindada la continuidad de las cúpulas de las dos cajas gallegas, según apuntan varios juristas. ¿Por qué ya no hay la misma firmeza en Facenda? Tampoco la Xunta lo aclara. A la vez, el Gobierno gallego trabaja en las alegaciones que presentará ante el Constitucional. El calendario está en marcha. Los quince días de plazo cuentan desde el pasado 18 de febrero.
