La Xunta da ejemplo de austeridad pero tropieza con las cajas y el gallego un año después del cambio político

El próximo lunes se cumple un año de las elecciones autonómicas que devolvieron el poder al PP.Desde entonces los primeros meses de gobierno de Núñez Feijóo no han sido precisamente un camino de rosas. Sus planes para fusionar las cajas de ahorro gallegas se han torcido y su propuesta de un nuevo decreto que regule el uso del gallego en la enseñanza ha sido muy cuestionada por la comunidad educativa. Cumplió a rajatabla, sin embargo, con algunas de sus promesas electorales como la derogación del concurso eólico o la puesta en marcha de políticas de austeridad, que ahora son citadas como referente por el PP nacional. También revisó las políticas urbanísticas del bipartito impulsando un nuevo Plan del Litoral y la reforma de la Lei do Solo que, de entrada, han sido bien acogidas por los ayuntamientos.

PAULA PÉREZ - SANTIAGO A punto está de cumplirse un año de gobierno desde que Alberto Núñez Feijóo y su equipo de conselleiros se hicieran con el timón del barco en plena tormenta económica. Cuando más arreciaba la crisis en Galicia y casi recién llegado a San Caetano, el presidente de la Xunta tuvo que meterse de lleno en una compleja negociación sobre financiación autonómica. Tan pronto se cerró el nuevo modelo –que no satisfizo del todo los objetivos marcados por el Ejecutivo gallego–, Feijóo se fijó una hoja de ruta para imponer la fusión de las cajas de ahorro a través de una ley, que ahora tropieza con el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno central.
Victorioso salió, sin embargo, de su esfuerzo de austeridad en la Administración, que ahora el PP pone de ejemplo en todo el Estado. Se redujeron a diez las consellerías, se rebajó en un 47 por ciento el número de altos cargos, a los que también se les recortó el salario, y se sacaron a subasta los Audis del parque móvil.
Pero no ha sido sólo la crisis lo que ha condicionado el guión del Gobierno gallego en este primer año. La oposición que ejerció cuando gobernaba el bipartito marcó sus primeras decisiones de gobierno. Con la resaca aún de la noche electoral del uno de marzo, Feijóo se comprometió a derogar el polémico decreto del gallego y el concurso eólico.
Fue precisamente la polémica lingüística lo que sacó a veinte mil personas a la calle el 17 de mayo en la primera manifestación contra el Gobierno de Feijóo. Le seguiría otra movilización en enero convocada poco antes de que el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, diera a conocer su propuesta para regular el gallego en la enseñanza.Su decreto del plurilingüismo intentó encajar todas las piezas para dar cumplimiento a sus compromisos electorales, respetando la Lei de Normalización Lingüística y el Estatuto, y buscando el máximo consenso con la comunidad escolar. Pero el borrador inicial fue muy cuestionado y ahora la Xunta lo está retocando para limar algunos de los puntos que provocaron más rechazo.
Con la misma firmeza el Gobierno de Feijóo derogó el concurso eólico del bipartito y aprobó una ley por la que se crea un canon que deberán pagar las empresas que tengan parques en Galicia y que revertirá en el territorio donde se asientan. Con esta decisión, la Xunta se anticipó a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de suspender el concurso del bipartito por el que se adjudicaban 2.300 megavatios. Pero solucionado un problema se generó otro ya que al sector tampoco le gusta el canon y está dispuesto a recurrirlo en los tribunales. Y entretanto, se cumplen ya más de cinco años sin que se instale un sólo aerogenerador nuevo en la comunidad autónoma.
Las políticas de bienestar que fueron emblema de la actuación de la anterior Vicepresidencia de la Xunta de Anxo Quintana también pasaron el filtro del nuevo Gobierno. Las galescolas desaparecieron del mapa y dejaron paso a una nueva marca para las escuelas infantiles: "A Galiña Azul".
Pero no todas las decisiones del Gobierno bipartito fueron desterradas. El Ejecutivo de Feijóo mantuvo la prohibición de construir en los primeros 500 metros de costa que dejó aprobada la anterior Xunta. La política urbanística y la apuesta por las infraestructuras ha sido lo que le ha reportado menos críticas y donde se atisba mayor grado de consenso. El Plan del Litoral ha convencido, de entrada, a los ayuntamientos, al igual que la reforma de la Lei do Solo, que además abre la puerta a un Pacto Territorial entre PP y PSOE.
La oposición prometió no dar "ni cien días ni cien minutos" de cortesía al nuevo Gobierno para ponerse al día y cumplieron su promesa. Esto no impidió que el presidente de la Xunta buscara el apoyo de los dos líderes de BNG y PSOE para plantear una posición conjunta más fuerte ante Madrid en temas como el de la financiación autonómica o las cajas de ahorro. Sin embargo, a lo largo de estos primeros meses de mandato, en más de una ocasión fue mayor el acercamiento entre PP y BNG que con el PSdeG-PSOE. De hecho, los populares se aliaron con los nacionalistas en el Parlamento de Galicia en contra del FROB y también para aprobar la Ley de Cajas forzando así una integración de las dos entidades de ahorro gallegas, fusión que rechaza Caixanova.
Feijóo no ha dudado en dar más de un golpe sobre la mesa para quejarse del trato discriminatorio del Gobierno central hacia Galicia y defender las competencias autonómicas. La Xunta abrió ocho conflictos de competencias con el Estado en diez meses y el próximo podría ser un recurso contra el Fondo Estatal de Reordenación Bancaria (FROB).
El Gobierno tampoco se quedó atrás e impulsó el recurso contra la ley gallega de cajas obstaculizando así los planes de la Xunta para fusionar las dos entidades de ahorro. Ambas administraciones negocian estos días una salida al conflicto.
El Xacobeo es el otro motivo de conflicto entre el Gobierno de Feijóo y el Ejecutivo central. La Xunta ha recriminado en varias ocasiones al Estado que no se involucre más con la programación del Año Santo, un evento sobre el que la Administración gallega ha puesto buena parte de sus expectativas para salir de la crisis. La previsión es que el PIB gallego crezca un 1 por ciento en 2010.
Y en materia económica el Gobierno gallego ha centrado sus esfuerzos en apoyar al sector de la automoción con ayudas a la compra de vehículos dentro del Plan Re-Móvete. A pesar de que se logró aumentar las ventas de vehículos un 37 por ciento, esto no ha impedido que Citröen anunciase esta semana la supresión de 700 empleos.