Las diferencias en la renovación y el voto de fusiones amenazan la negociación de la ley de cajas

J. PÉREZ / S. OTERO - VIGO Si no hay cambios de última hora, y según la agenda que maneja la Xunta tras los últimos contactos con el Ministerio de Política Territorial, ambas partes volverán a darse una oportunidad esta tarde para desbloquear los preceptos de la ley de cajas paralizados por el Tribunal Constitucional. Hay acuerdo en seis de las cuestiones que enfrentan a los dos ejecutivos, pero quedan cinco todavía y dos visiones muy diferentes. Especialmente en los tiempos para cambiar los órganos de dirección de Caixanova y Caixa Galicia y las mayorías necesarias para aprobar una fusión. El Gobierno central exige que se acate la Lorca, la normativa estatal que sirve de base para los desarrollos autonómicos, y que pasa por llevar a cabo una renovación parcial en las Asambleas y el requisito de que dos tercios de los consejeros le den el visto bueno a la operación. Dos aspectos en los que San Caetano no está por la labor porque afectarían al “espíritu” de la ley. En un lado y en otro están poco confiados de que estas grandes asperezas se puedan solventar con facilidad.
Y por eso en las horas previas al nuevo encuentro se han seguido mandando mensajes. El delegado del Gobierno en Galicia, uno de los encargados de las conversaciones por parte de Moncloa junto con el secretario de Estado de Cooperación, no está dispuesto a dejar pasar las acusaciones de la Xunta de un posible intento de bloqueo. “Deseamos que haya una ley de cajas lo más rápido posible”, asegura Antón Louro. “Pero –añade a continuación– que sea constitucional”.
El Ejecutivo central, según fuentes cercanas a la negociación, no está dispuesto a que esa condición se pase por alto. La Lorca es “rotunda”, señalan. Exige mayoría de dos tercios para aprobar una fusión –la norma gallega recoge sólo la mitad más uno de los votos de la Asamblea– y que la renovación se haga “sin que afecte a la estabilidad de las cajas”. Las mismas fuentes advierten que el resto de desacuerdos no son menores, porque hay que velar por “el equilibrio” de los Consejos y el veto a que ningún sector salvo el Parlamento puedan tener más de un representante “no lo garantiza”.
A petición de los propios populares, el conselleiro de Presidencia comparecía ayer en el Parlamento para hablar de las negociaciones con Moncloa. La intervención del diputado Pedro Puy abrió las críticas. “Además de las cajas, aquí empieza a haber un problema del trato institucional de Madrid”, asegura, amparándose en que Política Territorial escogió “el instrumento más agresivo posible” para paralizar la ley gallega. Alfonso Rueda recogió el guante y recordó los “diferentes ritmos” que constatan en las conversaciones y su percepción de las intenciones de “bloqueo” por parte del Gobierno central. “Reafirmamos la constitucionalidad plena de la ley”, afirma Rueda. Con una advertencia de cara a lo que pueda suceder hoy: “No aceptaremos en ningún caso que quieran suplantar el papel del Parlamento, que con una amplia mayoría la aprobó”.
A la misma hora de la que será la quinta reunión, Caixanova celebra su Asamblea Ordinaria, con la intención de aprobar la Obra Social y el plan de negocio para todo el año.

Caballero: “La Xunta está admitiendo que la norma es inconstitucional”

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, consideró ayer que la Xunta, al haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central sobre seis de los puntos recurridos de la Ley de Cajas de Galicia, “reconoce” que la norma es “inconstitucional” y, por ello, los aspectos “tienen que ser reformados”. Además, comparó al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, con “el pirómano que riñe a los bomberos porque apagan el fuego”, al acusarlo de “reñir al Gobierno de España porque quiere que se aplique la Constitución”.
El regidor socialista afirmó que hace casi dos meses él mismo denunció que la ley que marcará el futuro de las cajas gallegas “no cumplía el marco normativo”, que era “una ley anti-Vigo y anti-Caixanova” y que, según añadió, “obliga” a cambiar los órganos de gobierno de la caja viguesa para que sus miembros sean “favorables” a una fusión con Caixa Galicia, una unión que Caballero calificó de “absorción” de la entidad del norte a la entidad del sur.
El acalde censuró que el Gobierno gallego afirme que “si no hay ley no hay fusión”, preguntándose “por qué no hacen la fusión si con la ley vigente se permite y dice cómo hay que hacerla”. En todo caso, Caballero insistió, “con más contundencia”, en que “no habrá fusión de las cajas”. El socialista acusó a Feijóo de estar “erre que erre agrediendo a la ciudad” y le advirtió de que la Constitución “es una pared que no va a vulnerar”. Así, afirmó que el Parlamento aprobó una ley “claramente anticonstitucional” y que la Administración gallega “ya lo reconoció en seis puntos”.

Guillerme Vázquez: “Esto no puede acabar bien”

El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, censuró ayer los “aplausos con las orejas” ante los “recortes” a la ley gallega de cajas que el político nacionalista observa en las negociaciones entre la Xunta y el Gobierno central y exigió al Ejecutivo central que “ceda” y deje de “dilatar” la resolución del conflicto.
Preguntado por la evolución de las conversaciones entre ambas administraciones, Vázquez criticó que, “aún por encima de que el Gobierno central lleva a laminar” las decisiones de la Cámara autonómica, dirigentes políticos gallegos “aplaudan con las orejas”. “Esto no puede acabar bien”, constató, y argumentó que “o cede uno o cede el otro”, en referencia al Gobierno gallego y central. Así, rechazó que “el primo de Zumosol” introduzca modificaciones en la normativa gallega y esperó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “deje de estar en la indefinición y tome decisiones”.
En este sentido, apremió nuevamente al presidente gallego a “presentar el recurso de inconstitucionalidad” contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con el objetivo de demostrar una “fuerte posición de país”, que “hay que intentar”, apostilló el líder nacionalista.
Guillerme Vázquez se mostró “seguro”, una vez más, de que la ley gallega de cajas “es buena para el país y para la conservación del ahorro” e insistió en que el Gobierno central “la cuestiona para paralizarla y permitir la expatriación del ahorro gallego”.