La conciencia del Estado

JULIO PÉREZ - VIGO En su última sesión, el pasado día 28, el Consejo de Estado despachó los proyectos de reales decretos para pagos directos en agricultura y ganadería, el establecimiento de requisitos mínimos a los centros que imparten enseñanzas de segundo ciclo en Infantil, Primaria y Secundaria, el nuevo funcionamiento de la Inspección de Trabajo y el recurso de inconstitucionalidad contra la normativa del Ejecutivo de Camps para revitalizar el casco histórico de Valencia. Un ejemplo del día a día del órgano supremo consultivo que tiene el Gobierno central para no dar pasos en falso. La conciencia del Estado tiene que hablar ahora sobre el nuevo marco legal impuesto por la Xunta para las cajas de ahorros. El dictamen "urgente" solicitado en nombre del Ministerio de Política Territorial y que en principio se conocerá hoy servirá de base para pedir la paralización de la norma gallega y, posiblemente, un nuevo enfrentamiento entre Moncloa y San Caetano.
¿Quién está en el seno del Consejo? A la cabeza, Francisco Rubio Llorente, su presidente desde 2004, catedrático de Derecho Constitucional. El también ex número dos del alto Tribunal relevó en el cargo al gallego José Manuel Romay Beccaría. La elección depende del Consejo de Ministros y, según la ley orgánica que dicta su funcionamiento, se refrenda "entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado". La representación del Consejo y la jefatura de todas las dependencias está en sus manos.
A él lo acompañan en la Comisión Permanente nueve consejeros con orígenes muy, muy distintos, que tienen en común una larga trayectoria en el sector de la judicatura. Son Landelino Lavilla, ministro de Justicia y presidente del Congreso con UCD; Miguel Rodríguez-Piñero, responsable del Tribunal Constitucional entre 1992 y 1995; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución y ex militante del PP desde 1993; Fernando Ledesma, magistrado del Supremo y ex presidente del Consejo de Estado; Antonio Sánchez del Corral, un capitán que el Consejo heredó de la época franquista; José Luis Manzanares, ex magistrado de la Sala Penal del Supremo; Miguel Vizcaíno Márquez, secretario nacional de Sindicatos durante el franquismo; y Enrique Alonso, experto en Derecho Administrativo.
Por el hecho en sí mismo de ocupar un determinado cargo, hay otros once consejeros que forman parte del organismo, los natos. Encargados de reales academias, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Fiscal General del Estado, el presidente del Consejo Económico y Social y alguien muy relacionado con el sector de las cajas, el gobernador del Banco de España, actualmente Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Pleno del Consejo de Estado se completa con los consejeros electivos, designados por el Gobierno entre personas que hayan ocupado un abanico de cargos que va desde el Senado, al Defensor del Pueblo, pasando por antiguos alcaldes de capitales de provincia, embajadores, rectores de universidad o magistrados con altas responsabilidades.
Una nómina con muchos colores políticos en la que están incluidos actualmente Josefina Gómez Mendoza, de la Real Academia de Historia; Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, filósofa y escritora; Juan José Laborda y María Amparo Rubiales, ex senadores socialistas; Isabel Tocino, ex ministra del PP; el ex diputado de CIU, Manuel José Silva Sánchez; Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, ex ministro con Suárez; y José Ramón Recalde Díez, político vasco socialista que sufrió un grave atentado de ETA.
¿Participan todos en el dictamen sobre la ley gallega? No. El Consejo se divide en secciones, ocho en total. Cada una presidida por un consejero permanente y el apoyo de un Letrado Mayor y los letrados que sean necesarios en función de la complejidad del tema. De ahí pasa, sí, al Pleno del Consejo.
En su lista de tareas recientes, y que muestra de forma muy clara la transcendencia de su asesoramiento, destaca el anteproyecto de la ley del aborto. El dictamen tuvo a la clase política en vilo, tras el informe desfavorable del Consejo Fiscal y del silencio del Consejo General del Poder Judicial. Su sí por unanimidad permitió al Gobierno central presentar la nueva normativa con la seguridad jurídica suficiente.