El Gobierno negociará con la Xunta la reforma de la Ley de Cajas después del posible recurso

I.BASCOY/X.A.TABOADA - VIGO El Consejo de Ministros presentará “probablemente” este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega de cajas, lo que supondrá su suspensión cautelar, si el Consejo de Estado advierte en su reunión del jueves de “indicios de inconstitucionalidad” en la ley gallega de cajas, anunció ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, quien remarcó que la impugnación “no quita para que, desde ese momento, el Gobierno esté abierto a la negociación para llegar a un acuerdo”, como se hizo en Andalucía y Madrid.
En estas dos autonomías, explicó Zarrías, el Ejecutivo central impugnó sus respectivas leyes de cajas (en Andalucía fue el Ejecutivo de Aznar y en Madrid el de Zapatero) y luego abrió conversaciones para reformar vía parlamentaria la ley y así retirar el recurso.
Para el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, el Ejecutivo de Zapatero ya ha decidido que va a llevar la ley gallega de cajas al Tribunal Constitucional, y por ello censuró su “cerrazón” y su “nula capacidad negociadora”. “La decisión probablemente puede estar ya tomada”, denunció el conselleiro, al término de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Galicia, en la que la Xunta propuso al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, abrir una vía de diálogo antes de impugnar la norma. “El Gobierno no tiene ninguna intención de negociar antes de interponer el recurso y antes de suspender los efectos de la ley”, aseveró Rueda, que estuvo acompañado por la titular de Facenda, Marta Fernández Currás.
El secretario de Estado explicó que primero hay que impugnar la norma, porque “hay un problema” la ley “está corriendo”, es decir se están aplicando preceptos que el Gobierno sospecha son inconstitucionales. Por ejemplo, ya ha comenzado la renovación de los órganos de dirección de las cajas. Por ello, el Ejecutivo central reclamaría su suspensión y luego estaría dispuesto a negociar cambios en la ley y, a cambio, retirar el recurso cuando se mude la ley, adecuándola al marco normativo vigente.
Zarrías insistió en que “la mano está tendida”, pero su deber para garantizar “la más escrupulosa atención a la legalidad vigente y el marco competencial que tiene España” es suspender primero la ley gallega, si el Consejo de Estado, que se reúne el jueves, constata que la norma “no conviene a derecho”.
El secretario de Estado reprochó a la Xunta que venga ahora a pedir “diálogo” y no antes. “El diálogo debe ser antes de que la norma esté aprobada”, enfatizó Gaspar Zarrías, quien también lamentó que la ley gallega tampoco fue examinada antes de su aprobación por PP y BNG en la Cámara autonómica por el Consello Consultivo de Galicia, por el Consello Económico e Social e incluso por el Gobierno central.
“Nos hubiera gustado que antes de aprobar la ley se hubiera discutido, hubiera o no habido acuerdo evidentemente, pero una vez que la ley está en marcha, en vigor, pública y, por lo tanto, ejerciendo, el margen que hay es mínimo”, subrayó.
Para la Xunta, “puede haber una intención, cada vez más manifiesta de no cooperar con el Gobierno autonómico y de hacer lo posible para que Galicia se pueda quedar sin cajas y pueda desaparecer del mapa financiero”, denunció Rueda.

El Ejecutivo gallego rechaza presentar un recurso contra el FROB

La Xunta agotará la vía del diálogo y no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento del FROB aunque el Gobierno central recurra la Ley de Cajas gallega. “Lo más oportuno es no cambiar de vía”, aseguró ayer el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas. El diputado argumentó que la Xunta apostó por el diálogo desde el inicio del conflicto y en vez de acudir al Tribunal Constitucional optó por abrir una mesa de negociación con Madrid como fórmula para intentar cambiar los artículos del FROB que a juicio del Gobierno gallego invaden las competencias de la comunidad autónoma.
Esta actitud no es compartida por el Bloque. Carlos Aymerich, reclamó ayer la Xunta que impugne “ya” el FROB ante el “chantaje” del Gobierno de amenazar con recurrir la Ley de Cajas. De no hacerlo, el BNG entenderá que la Xunta es “cómplice” de un pacto entre el PP y el PSOE para repartirse las cajas de gallegas.
Para el PSOE, la solución más rápida sería la de “rectificar” en el Parlamento los artículos que Madrid considera que son contrarios al ordenamiento constitucional.