La Xunta exigirá al Gobierno que le informe de los artículos de la ley de cajas que prevé recurrir

I.BASCOY - VIGO La Xunta exigirá mañana al Gobierno español saber cuáles son los artículos de la ley gallega de cajas que estudia impugnar por considerar que hay "indicios de inconstitucionalidad". Aprovechando que se celebra la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia, los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y la titular de Facenda, Marta Fernández currás, pedirán explicaciones al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. Así lo anunciaron ayer a través de una nota de prensa. Rueda el viernes dio por hecha la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la norma y lo consideró un "castigo político" a Galicia.
La reunión fijada con antelación está programada para analizar el traspaso a Galicia de nuevas competencias y la participación de la comunidad en la presidencia española de la UE, sin embargo desde la Xunta quieren utilizar este marco para manifestar al Gobierno de Zapatero su malestar por enterarse a través de los medios de comunicación de que el Consejo de Ministros pidió un dictamen al Consejo de Estado sobre la ley de cajas, paso previo a la impugnación de la norma ante el Tribunal Constitucional, lo que supondría la suspensión de la ley, y en consecuencia, la paralización del proceso de renovación de los órganos de dirección de Caixanova y Caixa Galicia, cuestión clave para impulsar la fusión, como pretende la Xunta, pues la cúpula de la primera se opone a la integración.
Rueda y Fernández Currás quieren quejarse, pero también obtener información, pues poco más saben que lo cuenta la prensa. El Gobierno de Zapatero prepara un recurso contra la reforma legislativa que se sustenta en una decena de artículos, pero en la Xunta ni siquiera saben cúales son los artículos que están en cuestión y, por tanto, tampoco pueden empezar a preparar su defensa jurídica, pero también social y política.
Los conselleiros de Presidencia y Facenda tendrán la oportunidad de preguntar a un ministro directamente implicado en la cuestión, pues el departamento de Manuel Chaves, como responsable de las relaciones con las comunidades autónomas, es el responsable de presentar el recurso.
"El Gobierno gallego, que no recibió ninguna comunicación del Estado a este respecto, espera que en la Comisión Bilateral de Cooperación el Ejecutivo central le transmita información sobre esta decisión (pedir el dictamen al Consejo de Estado) y sobre los artículos de la norma que considera que no son respetuosos con la Constitución española", manifestaba ayer la Xunta, que está enojada porque el Gobierno central puso en marcha el proceso para impugnar la ley gallega de cajas "sin antes dirigirse" a ella y "pedir algún tipo de aclaración sobre la norma", que fue aprobada, remarca, "por una amplia mayoría del Parlamento gallego y avalada por los letrados de la Cámara".
Antes de la Comisión Bilateral de Cooperación de mañana, hay otro encuentro entre los dos Gobiernos. Será hoy en Madrid, y la cita reúne al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al ministro de Fomento, José Blanco, para revisar el cumplimiento del pacto para garantizar el AVE gallego en el marco de la comisión de trabajo Estado-Xunta, que también integra a diputados de la oposición autonómica. Desde la Xunta no descartaban ayer una conversación al respecto, pero tampoco sabían si habría oportunidad para que Feijóo y Blanco estén a solas en algún momento.
La intención del Gobierno español de impugnar la ley gallega de cajas, cuestionada desde la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) y que también estudian recurrir el Ayuntamiento de Vigo y consejeros de Caixanova por considerar que se vulneran sus derechos, fue contestada ayer desde el PPdeG. Su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró que "será muy complicado encontrar puntos recurribles y el Ejecutivo se enfrenta al ridículo de atacar frontalmente una ley sin contar con argumentos de peso". Para Miranda, si hay recurso, "el PSOE se quita la careta y se lanza a la conquista de las cajas gallegas".
Por su parte, el presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, que defiende la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, consideró ayer "incoherente" que el Estado impugne la norma que es "muy parecida a las leyes andaluza y catalana".