La Xunta da por hecho el recurso contra la norma y lo considera "un castigo político"

S. OTERO - VIGO La Xunta reaccionó con indignación ante la decisión del Gobierno central de solicitar un dictamen urgente al Consejo de Estado para aclarar si existen “indicios de inconstitucionalidad” en la ley gallega de cajas, aprobada en diciembre por el Parlamento de Galicia con el apoyo de PPdeG y BNG.
Mientras el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, reclamó desde Lisboa que España “trate a Galicia igual” que al resto de las autonomías, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se mostró más rotundo en sus declaraciones ante el paso dado desde Madrid para poder impugnar la norma autonómica ante el Tribunal Constitucional. Rueda acusó al Gobierno central de querer inflingir un “castigo político a Galicia” con su intención de plantear un recurso de inconstitucionalidad.
Rueda criticó al Gobierno por no comunicarle la decisión de pedir el dictamen el Consejo de Estado y le reprochó el hecho de haber tenido que enterarse por los medios de comunicación del anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado. Según el conselleiro de Presidencia, esa actitud “evidencia que se pretende interponer un recurso político, de castigo político, que, al final, lo que parece buscar el Gobierno de España es que Galicia se quede sin cajas de ahorro”.
El secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, detractor desde un primer momento de la ley gallega de cajas, señaló que las fórmulas “mágicas y milagrosas” están acumulando “una contestación uniforme en todo el territorio”; una idea que toma fuerza, según sus palabras, con los movimientos iniciados desde Madrid para aclarar la legalidad de la normativa gallega. El Gobierno central entiende que el texto choca, en algunos puntos, con la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA). “Ya lo anunciamos nosotros hace meses”, añadió.
“Feijóo convirtió la ley de cajas en el principal obstáculo, cuando tenía que ser la principal solución”, reprobó Vázquez, quien ve la norma como “un atajo de la Xunta para imponer la fusión a la que se niega una de las cajas”. Por ello, consideró que el presidente “debe tener ahora un poco de humildad” y “ver que algo pasa”.
“Satisfacción” fue la palabra elegida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, como respuesta a las fichas movidas desde Madrid. En rueda de prensa, el regidor valoró “la coincidencia de opiniones” que asegura mantener con el Ejecutivo central y afirmó que miembros del consejo de administración de Caixanova también están evaluando la idea de interponer un recurso propio, que se añadiría al que él presentará como alcalde de la ciudad. Caballero remarcó, además, la “enorme oposición jurídica” a la que se enfrenta la nueva normativa gallega de cajas.
Para el BNG, que votó a favor de la ley de cajas, se mostró tan indignado como el PPdeG. El representante del Bloque en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, advirtió de que si el Gobierno central presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, “eso condicionará de manera muy clara las relaciones de BNG y PSOE”, en alusión a que el Partido Socialista está en minoría en el Congreso.
El Bloque Nacionalista exige conocer las razones que impulsan al Ejecutivo español a impugnar la norma gallega, y “si considera que hay autonomías de primera y de segunda”, ya que, según sus palabras, la legislación aprobada en Galicia “no difiere sustancialmente de la adoptada en Cataluña, Andalucía y País Vasco”.
Jorquera subrayó que, en caso de que el Gobierno presente un recurso ante el Constitucional, el BNG llevará a cabo una “auténtica ofensiva parlamentaria”. Por su parte, Carlos Aymerich, portavoz del Bloque en la Cámara autonómica, coincidió con la teoría de Alfonso Rueda al considerar que el recurso sería “un recurso político no sustentado jurídicamente: político e injustificado”. “Si Feijóo no quiere ser cómplice de una maniobra del Gobierno español lo que tiene que hacer es cumplir el mandato del Parlamento gallego e impugnar ya ante el Constitucional el decreto que establece el FROB”, añadió Aymerich.
Los sindicatos CC OO y CIG también se han manifestado sobre los pasos del Gobierno central. La CIG lo ve “negativo” y atribuye la decisión a “razones políticas, no técnicas” mientras que Comisiones Obreras considera que el proceder del Ejecutivo estatal “es lógico”. El responsable de ahorro de CC OO, Julián Valiente, advirtió de que el Ejecutivo “no puede mirar para otro lado si hay un atisbo de duda”.

Manifestación de Vigo

En cuanto a la manifestación convocada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para el próximo día nueve contra una posible fusión de Caixa Galicia y Caixanova, el secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, se mostró “respetuoso” con la iniciativa, pero la dirección gallega no asistirá a la protesta. Según Vázquez, se trata de una cuestión organizada “a título personal” por el regidor. “Obedece a la dinámica propia de Vigo y es un problema que corresponde, estrictamente, a la ciudad, en el ámbito de una problemática local que no entra en el ámbito de las políticas horizontales del partido”, argumentó el secretario xeral del PSdeG. El PSOE de Vigo salió ayer a secundar a Caballero y su manifestación.