La juez archiva la causa por presuntas irregularidades en la Cidade da Cultura

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO Tras dos años de investigación, la Justicia ha dado carpetazo a la denuncia presentada por la CIG y la plataforma "Cultura sí, mausoleo no" por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de la Cidade da Cultura. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Santiago justifica su dictamen, contra el que cabe recurso, en que las numerosas diligencias de investigación en las que participaron técnicos, peritos y policía no permiten "acreditar" que ninguno de los hechos denunciados "sea constitutivo de infracción penal".
Entre las presuntas infracciones denunciadas figuraba el trato de favor a empresas vinculadas a altos cargos de la Xunta de Fraga, el millonario desfase presupuestario entre la previsión inicial y los costes definitivos de las obras o las irregularidades relacionadas con los criterios de adjudicación y los honorarios pactados en algunas contrataciones para el Gaiás.
Aunque tras analizar cada una de las actuaciones la juez llega a la misma conclusión –que no se aprecian indicios de criminalidad–, el auto reconoce que ciertos aspectos son "discutibles" desde una perspectiva de "eficiencia en la gestión de los fondos públicos" e incluso en algún caso, como la adjudicación de tres contratos mediante un procedimiento sin publicidad a Plexus, certifica la existencia de una "irregularidad administrativa".
Uno de los aspectos "más complejos" de la investigación ordenada por la juez Ana López-Suevos se centró en el desfase entre el presupuesto inicial –108 millones de euros– y la cantidad adjudicada ya en 2005 –284,5 millones–, un sobrecoste del que ya había alertado el Consello de Contas. La magistrada atribuye este "desfase" a una triple causa: la falta de concreción del proyecto inicial, la prolongación de los plazos de finalización de la obra y la decisión de recubrir con cuarcita techo y parte de las fachadas.
Sobre el proceso de contratación de este material se "focalizó" parte de las pesquisas judiciales por ser, el aspecto que "más interrogantes suscita". El propio Peter Eisenman, autor del proyecto, fue citado como testigo para aclarar los puntos más oscuros. Y es que la juez encargó un informe policial en el que se constató que antes de que se iniciara el expediente para contratar el suministro de la piedra, ya se hacía constar que sería la cuarcita de Muras la utilizada. Esta circunstancia fue atribuida a una decisión de Eisenman.
Además, tras investigar a la UTE adjudicataria de este contrato, la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional detectó que algunos de los socios y accionistas de estas empresas estaban relacionados con el partido que gobernaba entonces la Xunta, el PP. Este hecho, que podría justificar un trato de favor a la UTE que se hizo con el concurso, lleva a la juez a reconocer "ciertas incongruencias, actuaciones dudosas o cuestionables en torno a este proceso" aunque "no llega a percibir siquiera un acto claro de favoritismo". En cuanto a las dudas planteadas sobre los contratos por más de 12 millones de euros a Eisenman, el auto concluye que de ellas no se puede deducir que existió un desvío de fondos públicos.