El Gobierno ve "inconstitucional" la ley de cajas y detecta "muchos" puntos que chocan con la LORCA

IRENE BASCOY - VIGO El Consejo de Ministros acordó ayer pedir al Consejo de Estado un dictamen sobre la ley gallega de cajas, pues ve "indicios de inconstitucionalidad" y "muchos aspectos" que colisionan con la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA). La demanda de este informe, del que informaba ayer FARO, es un requisito previo obligatorio para recurrir la norma gallega ante el Tribunal Constitucional.
La decisión final, impugnar o no la ley, se tomará tras la recepción del dictamen, aunque éste no es vinculante. Si finalmente se recurre, la aplicación de la norma gallega de cajas, que obliga a renovar en dos meses los órganos de dirección de Caixanova y Caixa Galicia, se suspendería automaticamente y durante el plazo de cinco meses, el mismo tiempo que la Comisión Europa concede para dar ayudas públicas a las entidades financieras dispuestas a fusionarse. De este modo, la decisión sobre una integración de las cajas gallegas estaría en manos de las actuales cúpulas, y la de Caixanova, como es sabido, se opone.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció la decisión de reclamar al Consejo de Estado el dictamen sobre la ley gallega de cajas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y observó que el informe se ha pedido por la vía de urgencia, por lo que podría estar en diez días en manos del Ejecutivo, aunque el plazo máximo es de quince.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó, por su parte, que se solicita el informe al órgano consultivo porque es el procedimiento "habitual" y porque quiere "confirmar" sus sospechas sobre la norma gallega. Salgado defendió que las ilegalidades detectadas por los servicios jurídicos del Gobierno de España "van mucho más allá de las cuestiones que provocaron el recurso contra la ley de cajas madrileña", que finalmente debió ser modificada.
El informe de los servicios jurídicos del Estado sobre la inconstitucionalidad de la norma gallega es "contundente" y alerta especialmente de su "intervencionismo", confirmaron a este diario fuentes próximas al Gobierno central, pero además el estudio de los letrados del Estado no es el único que advierte de que la norma gallega no tiene encaje legal. El Banco de España, según las mismas fuentes, también analizó la reforma gallega y trasladó sus objecciones al Ejecutivo central.
Asimismo la Confederación Española de Cajas de Ahorro examinó la ley gallega, igual que cualquier otra norma que afecte al sector, y sus servicios jurídicos observaron que había "algunos artículos que pueden chocar con la LORCA".
Los artículos puestos en tela de juicio por los juristas son varios. Se cuestiona que la Xunta designe directamente a una cuarta parte de las entidades de interés general que tendrán plaza en las asambleas generales de las cajas; y que el Parlamento pueda contar con más de un representante en los consejos de administración, y se niegue este derecho, sin embargo al resto de las entidades. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vigo exige más de una plaza pues quiere estar en calidad de ayuntamiento con muchos depósitos en Caixanova, pero también como entidad fundadora.
También se pone en duda el intervencionismo que marca la nueva norma, pues a partir de ahora la Xunta deberá autorizar determinadas inversiones antes de que las cajas las ejecuten y los proyectos de obra social que superen los 500.000 euros tendrán que recibir el visto bueno de la Consellería de Facenda.
La creación de un registro de altos cargos, de tal modo que ningún nombramiento en las cajas será efectivo hasta que figure en el mismo; o que la fusión de las cajas se decida por mayoría simple son otros artículos que suscitan polémica en fuentes judiciales.
Las cajas gallegas declinaron ayer pronunciarse sobre la decisión del Gobierno de Zapatero de pedir un informe al Consejo de Estado sobre las posibles ilegalidades de la norma autonómica, paso previo para llevar el texto al Constitucional. Tampoco quisieron valorar las consecuencias de este acuerdo,
Sin embargo, las voces políticas reaccionaron. La Xunta y el BNG calificaron el recurso de político, y el PSdeG defendió al Gobierno de España, recordando que las voces en contra de la norma son múltiples y que ya se había advertido de posibles tachas en la norma.