I. BASCOY - VIGO
El Gobierno de España pedirá hoy al Consejo de Estado un dictamen sobre la ley gallega de cajas por si ésta chocase con la normativa estatal e incluso la Constitución. Será el Consejo de Ministros el que tome la decisión. El Ejecutivo de Zapatero está obligado a pedir este informe si tiene intención de "impugnar disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional". El dictamen es preceptivo y debe ser "previo a la interposición del recurso", según establece la ley que regula el funcionamiento de este órgano consultivo del Estado.
Con este paso adelante, el Gobierno central parece dejar clara su disposición de llevar al Constitucional la norma reformada en diciembre en Galicia en el plazo exprés de treinta días, y que obliga a renovar en dos meses los órganos de dirección de Caixa Galicia y Caixanova.
Si finalmente recurre la ley, su aplicación se suspendería automáticamente y durante cinco meses, mientras el juez no se pronuncie. Esta paralización supondría frenar el proceso de elección de los nuevos consejeros de las cajas.
Con la petición de un dictamen al órgano consultivo presidido por Francisco Rubio Llorente, el Ejecutivo de Zapatero evidencia sus dudas sobre el encaje legal de la norma gallega.
Desde la entrada en vigor de la ley de cajas, a comienzos de enero, el Ministerio de Economía y la Abogacía del Estado estudian el texto y esta semana han decidido avanzar y pedir al Consejo de Estado un dictamen que obligatoriamente debe solicitar si quiere ir al TC, pero su resolución no es vinculante. El Gobierno puede disentir de la conclusión del Consejo de Estado, a través de una resolución del Consejo de Ministros. Es decir, Francisco Rubio Llorente podría defender la legalidad de la norma, y aún así Zapatero y su Gabinete acordar impugnar la ley.
Si al Gobierno le corre prisa el dictamen, puede pedir una opinión de urgencia, que debe estar ultimada en el plazo de diez días. No obstante, tiene tres meses para impugnar la norma gallega desde su entrada en vigor en enero.
Las dudas que la ministra de Economía, Elena Salgado, alberga sobre la ley gallega de cajas no son exclusivas. Los servicios jurídicos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han analizado el texto aprobado por el PP y el BNG y han advertido de que "algunos artículos pueden chocar con la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA)".
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también ha anunciado que recurrirá la norma ante la Justicia porque sus abogados ven en ella "causas clara de inconstitucionalidad".
Los artículos polémicos son varios. Aprobar la fusión por mayoría simple, la creación de un registro de altos cargos, y la autorización de la Xunta a determinadas inversiones y a los proyectos de obra social que superen los 500.000 euros de presupuesto son, entre otros preceptos, objeto de debate. También se cuestiona que se impida a cualquier entidade, excepto a la Xunta, contar con más de un representante en el consejo de administración de una caja.
Sin embargo, el Gobierno de Feijóo insiste en que la reforma se "acomoda" a la Constitución y a la normativa estatal, y defiende que la ley gallega es "muy similar" a las normas de otras comunidades, como Andalucía, Cataluña y País Vasco, que no han sido recurridas por el Gobierno de España.
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