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El futuro del mapa financiero

Ordóñez defiende su autoridad sobre las fusiones y no "el informe de una empresa"

El Banco de España avisa que "sólo" valen sus conclusiones para dar vía libre a una operación

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JULIO PÉREZ - VIGO Con el acalorado debate generado en Galicia sobre el futuro de las dos cajas de ahorros, los claros partidarios de su fusión y los opositores también férreos a que ambas entidades se unan, el gobernador del Banco de España sabía que todo lo que saliera de su boca en su visita a la comunidad se miraría con lupa. "En los cuatro años que llevo, nunca he hablado de instituciones concretas y no lo voy a hacer hoy", advirtió. Pese a las insistentes preguntas sobre Caixanova y Caixa Galicia que surgieron en el almuerzo organizado por el Club Financiero de Vigo-Círculo de Empresarios, lleno hasta la bandera. Miguel Ángel Fernández Ordóñez echó mano de un mensaje de "política general", pero contundente y que da de lleno en muchas de las interrogantes abiertas tras la auditoría encargada por la Xunta para medir la solvencia de una posible integración. ¿Quién mide y garantiza "la solidez" de una operación? "A juicio del Banco de España –asegura, rotundo una y otra vez–. No de los gestores de las cajas, de las autoridades, de un informe de una empresa, ni de otra empresa... No, no".
Por si quedaba alguna duda, Fernández Ordóñez está dispuesto a ejercer hasta el final "el encargo del Parlamento" para "asegurar" que todas las integraciones sean "lo suficientemente sólidas". "A veces, no sólo aquí, también en otro sitios, se dice que si la fusión es interregional, intrarregional o media pensión, da igual. Lo importante es que sea sólida", explica. Una exigencia que el gobernador repite una y otra vez cuando se refiere al proceso de reestructuración de las cajas. "De lo que diga el Banco de España, que es el que tiene la responsabilidad y el que conoce perfectamente la situación", insiste. En juego está "el dinero de los contribuyentes" que no se puede dar a una entidad "que no los pueda devolver".
Lejos de ver ese dinero público, el FROB, como un premio a malos gestores, Miguel Ángel Fernández Ordóñez defiende la utilidad "para toda la sociedad". Como un camino para adelantarse a problemas de futuro. La propia regulación de los fondos permite la intervención directa del Banco de España en una caja o un banco en problemas y expedientar a sus responsables o "anticiparse" en "aquellos que no están mal, porque si fuera así ya estaríamos interviniendo", pero que "lo pueden estar".
"Con el FROB –recordó durante su conferencia– se mandó un mensaje a aquellas entidades que en el futuro pudieran tener apuros y que quisieran evitar la intervención, el expediente a consejeros y administradores y también el negativo impacto que en los territorios puede tener una reestructuración traumática derivada de una intervención".
Ésa es la meta. Y el principal obstáculo, según Fernández Ordóñez, el tiempo. "Es oro", señala. El gobernador apela "a la responsabilidad de todos aquellos que de una manera u otra están implicados" en alguna de las operaciones "para que no retrasen de manera innecesaria su conclusión". "Por supuesto que el Banco de España ya se lo ha ido diciendo con sus requerimientos durante bastante tiempo", dice, en relación a entidades con posibles apuros a medio plazo. A la petición de apremio ante el mayor coste o la advertencia de una intervención "con prontitud", el gobernador añade de nuevo la importancia de la solidez. "Si no es sólida, es lo peor que se puede hacer, buscar una fusión porque sí", avisa. Y "sólo" valen las conclusiones del organismo regulador, "profesionales, sin interferencias personales o colectivas".
Ante el Sistema Institucional de Protección (SIP), la herramienta a la que quiere acogerse Caixanova sin necesidad de recurrir al FROB –la fusión con Caixa Galicia necesitaría de 1.200 millones–, el gobernador considera "difícilmente reversible" la alianza entre entidades por la integración a la que se llega. En lo que no está de acuerdo es que suponga una bancarización del negocio. "No, en absoluto", asegura. Porque son las propias cajas las que solicitan el modelo y porque no hay un esquema único, que obligue a crear un banco. "No es el momento de poner problemas a un problema que no es importante, pero puede serlo", reclama.
Pese a que la politización de los órganos de decisión de las entidades es también un asunto relevante en su opinión, pero su parecer no lo hace público. Lo deja en manos de los políticos. "Lo que voy es a trabajar sobre lo que los diferentes Parlamentos han decidido y asegurarme que las cajas y los bancos les cuesten poco al contribuyente y los depositantes estén tranquilos", indica de mano del ejemplo de la intervención en Caja Castilla-La Mancha. La misma postura que adopta ante la posible colisión de la nueva la ley gallega de cajas con la normativa estatal, la Lorca.
El responsable del Banco de España pide que todos respeten el "Estado de Derecho". "Lo importante es que la comunidades no traspasen las competencias, que el Gobierno central sea evidentemente ágil si se han traspasado y lo lleve al Constitucional y que el Tribunal decida", resume. El organismo regulador recuerda que él no tiene que dar el paso, pero "por supuesto" dirá al Ejecutivo "todo lo que piensa". ¿Se puede forzar a una entidad a fusionarse? "Al final –responde– la decisión es de los órganos de las cajas".

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