El Gobierno anunciará "muy pronto" si lleva la ley gallega de cajas al Constitucional

I.BASCOY - VIGO El Gobierno de España anunciará "muy pronto" si decide o no recurrir la ley gallega de cajas, lo que supondría la suspensión esta norma al menos durante cinco meses, mientras el juez no se pronuncia. Desde el Ministerio de Economía explicaban ayer que este departamento sigue estudiando la norma aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de diciembre por si fuese incompatible con la LORCA (Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro) o con la Constitución, y "en los próximos días" prevé desvelar su "intención" de llevar o no la reforma gallega al Tribunal Constitucional. O esta semana "o la próxima" es el calendario que maneja el Ejecutivo de Zapatero para despejar la incógnita.
Si finalmente el Ministerio de Economía detecta ilegalidades en la ley gallega, se lo comunica al Ministerio de Política Territorial, por ser el competente en las relaciones con las comunidades autónomas, y éste llevará al Consejo de Ministros el acuerdo para interponer el recurso ante el TC, que debe ser firmado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Si duda de la legalidad de la norma gallega, el Gobierno además pedirá al Consejo de Estado un dictamen, pero su opinión no será vinculante. Es decir, el Gobierno socialista puede seguir adelante con sus planes, pese a la discrepancia de este organismo consultivo.
Si al Ejecutivo español le corre prisa, puede pedir al Consejo de Estado un dictamen de urgencia a redactar en el plazo de diez días, explicaban ayer desde el departamento que dirige Elena Salgado.
La Constitución española otorga al Gobierno central el derecho de "impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a los cinco meses.
La Xunta informaba ayer que el Ejecutivo español no le ha comunicado la decisión de recurrir la ley gallega de cajas, una ley que obliga a renovar en dos meses los órganos de dirección de Caixanova y Caixa Galicia.
También observaba que el Estado tiene tres meses para presentar un recurso ante el Constitucional desde la aprobación de la ley, a finales de diciembre, pero antes si quiere puede intentar que el Gobierno de Feijóo modifique la ley en aquellos artículos que considera ilegales a través de una negociación en comisión bilateral, lo que ampliará el plazo para presentar recurso en seis meses.
Desde la Xunta se recuerda que la vía del diálogo y "la colaboración institucional" fue la adoptada por Galicia ante la aprobación del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), al que se opone el Gobierno de Feijóo por considerar que invade competetencias autonómicas.
El Estado aceptó la propuesta de negociación de la Xunta y el plazo para recurrir el fondo, creado para otorgar ayudas públicas para la fusión de cajas, se amplió seis meses, un tiempo que concluye a finales de marzo, y hasta el momento las dos partes no se han sentado a negociar. La Xunta aguarda la llamada del Gobierno español, que baraja una cita para febrero.