Cultura aparta a varios técnicos acusados de cohecho por emitir informes falsos de Patrimonio

REDACCIÓN - SANTIAGO La Consellería de Cultura que dirige Roberto Varela ha decidido apartar de los procesos de contratación a varios funcionarios que están siendo investigados por un juzgado de Santiago de Compostela como sospechosos de haber llevado a cabo un supuesto delito de cohecho y tráfico de influencias al obtener beneficios económicos por la concesión de informes de Patrimonio para la restauración de bienes de la Iglesia.
Así lo confirmó ayer el propio conselleiro de Cultura, quien aseguró que el departamento que dirige se encuentra “a disposición de la Justicia” para “ayudar en lo que haga falta” en esta investigación, a la que están aportando “toda la documentación” que les es requerida desde los juzgados de Santiago.
Con ello, el conselleiro ratificó que en esta caso están “por la transparencia” y “por ayudar en todo”, aunque recordó que se trata de una denuncia hecha hace un año, “y por lo tanto con acciones de la gestión anterior”.
En todo caso, el conselleiro Roberto Varela admitió que, “por prudencia”, ha dado instrucciones para que las personas que están siendo investigadas “no participen en los procesos de contratación” en el tiempo que dure el proceso, porque se debe “tener en cuenta el principio irrenunciable de la presunción de inocencia”.
La investigación llevada a cabo por un juzgado de Santiago de Compostela a varios funcionarios de Cultura y miembros de la Iglesia gallega nace de una denuncia interpuesta hace un año por la Consellería de Cultura del bipartito ante las sospechas de que algunos trabajadores podrían haberse lucrado de la concesión de informes favorables de Patrimonio en bienes eclesiásticos.
Por esta cuausa hay doce imputados, entre ellos el restaurador C. G. G., de la subdirección xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais y un arquitecto de la Sociedade de Xestión del Xacobeo.
A cambio de conceder informes favorables para la restauración del patrimonio gallego, tanto de la Iglesia como de otros titulares, los imputados recibían gratificaciones económicas de las empresas encargadas de realizar las obras de rehabilitación.

Casa rectoral

Una rama de la investigación judicial se centra en la venta de la casa rectoral de Paraños, en Covelo (Pontevedra), por parte del Obispado de Tui-Vigo a C. G. G., técnico de la Consellería de Cultura. En una operación que soliviantó a los vecinos de la parroquia, la vivienda con su finca de más de 4.000 metros cuadrados fue vendida por 60.000 euros a comienzos del pasado año y tras rehabilitarla –el juzgado intenta aclarar si para ello se recurrió a subvenciones de la Xunta– su nuevo propietario la sacó a la venta por internet por el precio de 679.000 euros.
La casa rectoral fue construida en 1870 como residencia del cura de la iglesia parroquial y los feligreses se encargaban de su mantenimiento. En 1990 dejó de estar habitada porque el sacerdote de Paraños tenía también otras parroquias y pasó a alojarse en Covelo. Entonces comenzó a usarse para campamentos juveniles.
En 2003, el cura les comunica que la casa se va a ceder a una “buena familia” por 23 años con la condición de que la restauren y también el retablo de la iglesia. Se efectúa la cesión y en la finca se construye una piscina, se coloca un portón eléctrico y se hacen otra serie de mejoras.
Como consecuencia, los inquilinos piden la ampliación del contrato de cesión por haber invertido mucho dinero en el inmueble. Entonces el Obispado opta por vender la propiedad por 60.000 euros en vez de prorrogar el contrato de cesión. La vivienda y la finca pasan entones a manos de C. G. G. y F. C. L., tal como figura en el Registro de la Propiedad de Ponteareas.
Los vecinos de Paraños consideraron “inverosímiles” los argumentos de la Iglesia e iniciaron una serie de protestas en contra de la venta de una casa rectoral que fue donada por la parroquia y a la que contribuyeron durante cincuenta años a su mantenimiento.
Aunque la investigación judicial se centra en restauraciones de iglesias en el Obispado de Tui-Vigo, las pesquisas también afectan a las diócesis de Ourense y Santiago, en las que se sospecha que se pudieron cometer otros delitos de cohecho y tráfico de influencias por conceder informes de Patrimonio a cambio de gratificaciones económicas.