El PPdeG tilda de "obviedad" la posibilidad de que el Gobierno central recurra la ley de cajas

REDACCIÓN - VIGO A los populares no les suscita ningún temor el mensaje que el pasado sábado confirmó el ministro de Fomento y número dos del PSOE sobre la reforma de la ley de cajas de Galicia. Que el Gobierno central la está analizando y que no se puede descartar un recurso. “No sería la primera vez”, aseguraba José Blanco, en referencia al conflicto presentado en el Constitucional con la normativa de la Comunidad de Madrid. “Es una obviedad”, contraataca Manuel Ruiz Rivas, portavoz parlamentario del PPdeG. “Evidentemente toda ley es recurrible”, afirma, antes de calificar como “ocurrencia” que alguien pueda “recordar eso”. “Todos los que estamos aquí estamos suficientemente preparados para saber que era así”, insiste el diputado, que, en todo caso, lanza también su propia advertencia al Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. “El recurso se entendería difícilmente”, dice.
Ruiz Rivas sostiene que la normativa contó “con el apoyo mayoritario de todos los grupos” en el Parlamento de Galicia, aunque el PSdeG rompió el consenso con el que se abrió el camino a la reforma cuando llegó el momento de aprobar el documento. Los populares reiteran que todo lo que recoge la ley “asume las competencias que el Estatuto da”. “En definitiva –señala–, lo que pretendíamos con esa ley es que Galicia siga participando y beneficiándose del marco financiero español y que no desaparezca”.

“De oficio”

Una idea en la que también profundiza el portavoz económico del partido en O Hórreo, que confía en que la norma no será recurrida porque es “respetuosa” con la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorros (Lorca), que sirve de base para los reglamentos autonómicos. “En un Estado de Derecho como el nuestro, con Parlamentos autonómicos y el nacional, los conflictos de competencias y los recursos de inconstitucionalidad por las leyes que una cámara o la otra aprueban son constantes y permanentes”, admite Pedro Puy.
Por eso ampara que cada administración “cumpla sus obligaciones”. Un control de constitucional “de oficio” y si hay algún motivo. “No tengo por qué pensar que con la ley gallega no se está produciendo lo mismo que con toda la legislación autonómica que se aprueba en cualquier de los 17 parlamentos autonómicos”, afirma Puy.