La delgada línea que separa las competencias de Xunta y Estado

P. PÉREZ - SANTIAGO Tal y como dijo José Blanco "no sería la primera vez" que el Gobierno central recurre una ley de cajas de un gobierno autonómico. Ya lo ha hecho con otras normativas aprobadas en Galicia como la Lei de Vivenda o la Lei de Dereito Civil de Galicia. Por lo tanto, que ahora se presentara un recurso sobre la regulación de las cajas no sería algo inédito, sobre todo teniendo en cuenta que la Administración gallega es la primera en defender sus competencias cuando se elaboran regulaciones estatales independientemente de si el Ejecutivo central comparte o no su mismo color político.
Tanto la Xunta como el Estado han sobrepasado en algún momento esa delgada línea que delimita sus competencias e interfiere con la Constitución. Desde el comienzo de la actual legislatura nacional, en abril de 2008, la Xunta ha presentado trece requerimientos de incompetencia en contra del Estado, uno de ellos –el referente al Real Decreto de Ordenación del Sector Pesquero– ha derivado esta semana en un recurso de inconstitucionalidad. Galicia es además, después de Cataluña, la comunidad autónoma que ha planteado más conflictos contra la Administración central.
Pero el Estado también ha hecho valer su potestad cuando ha encontrado indicios de inconstitucionalidad en algunas de las leyes gallegas. En 2006 recurrió la Lei de Dereito Civil de Galicia al entender que la regulación que establece en materia de adopción y autotutela "excede" las competencias autonómicas.
En ese mismo año el Gobierno central puso pegas a la Lei de Horarios Comerciais de Galicia, aunque en este caso el conflicto se resolvió por la vía de diálogo antes de llegar al Constitucional.
En materia de cajas, la ley aprobada por el Parlamento gallego no es el único punto de conflicto entre Xunta y Estado. El Ejecutivo de Feijóo ha anunciado su intención de recurrir el Real Decreto sobre reestructuración bancaria que contempla la creación del FROB. Antes de formalizar este recurso, sin embargo, se agotan todas las posibilidades de negociación entre ambas administraciones a través de una comisión bilateral creada específicamente para resolver este tipo de conflictos. Este órgano tiene previsto reunirse a principios de febrero y, tras esta reunión, la Xunta decidirá si presenta finalmente recurso ante el Constitucional. Lo que disgusta al Ejecutivo gallego de este Real Decreto que regula el FROB es que se recortan competencias a la comunidad gallega en favor del Banco de España ante una posible alianza de sus cajas.
La mayor parte de los requerimientos de incompetencia terminan en acuerdo y no llegan al Constitucional.