PILAR MERA - SANTIAGO
Pese a su escasa suficiencia financiera, los municipios gallegos gastan cada vez más en pagar a sus trabajadores y en mantener unos servicios que no podrían concebir sin la ayuda de otras administraciones. Mientras los sueldos y el IPC en Galicia subieron menos de un 30% en los últimos diez años, entre 1998 y 2008 los alcaldes gallegos dispararon los gastos en personal municipal, al tiempo que consiguieron doblar sus ingresos por los impuestos que gestionan.
Según los datos del Ministerio de Administraciones Públicas sobre los presupuestos municipales, hace dos años, los ayuntamientos gallegos recaudaron dos veces más que en 1998 por impuestos directos –los que paga el vecino o empresario de forma personal y directa a las arcas municipales–. Se trata de la contribución (el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, en el que se incluyen las tasas que pagan las eléctricas por los embalses), el impuesto de circulación para vehículos (IVTM), el que pagan las empresas y comercios (IAE) y la plusvalía por transmisión de bienes. Es el lote de ingresos más importante para los ayuntamientos gallegos, pues supone como media una cuarta parte de todo lo que recaudan, aunque en algunos casos, como Vigo, A Coruña, o Arteixo el peso de los impuestos directos en el total de ingresos llega al 38%, o incluso al 45% en Ferrol.
Los únicos concellos en los que los ingresos por estos impuestos descendieron en la última década fueron los municipios lucenses de Barreiro, Carballedo y Maceira y el ourensano de Maceda. Y aunque la media de subida fue del 90%, en algunos ayuntamientos del área metropolitana de A Coruña la recaudación casi se triplicó, como ocurrió en Culleredo –que pasó de ingresar 2,6 millones en 1998 (141 euros por habitante) a recaudar 7,6 millones en 2008 (275 euros por vecino)– y Bergondo, donde aumentó la recaudación un 179%. En Oleiros, la subida fue del 123%, hasta llegar a los 603 por habitante que cobró el municipio coruñés en 2008, una de las ratios más altas de Galicia. De todas formas, la subida en estos tributos se debe más al aumento poblacional y al desarrollo económico y social de los ayuntamientos que a la verdadera voluntad de los alcaldes por engrosar las arcas municipales, pues los consistorios sólo pueden subir los tipos de los impuestos directos entre uno y dos puntos, y lo normal es que estén rondando los límites mínimos.
Donde los gobiernos locales sí tienen margen para aumentar sus ingresos es en el capítulo de tasas y precios públicos, es decir, las tarifas que cobra el ayuntamiento a vecinos y empresas por servicios como la recogida de basura, la distribución del agua, el alcantarillado o por la ocupación del dominio público, como las tasas por vados o por instalar andamios en la calle o por usar instalaciones deportivas. En el saco de las tasas y precios públicos de los concellos también se incluyen los cánones que se cobran a las empresas hidráulicas, eléctricas y telefónicas por instalar redes de abastecimiento, molinos de viento, conductos de gas o antenas de móviles en el término municipal, así como el coste de las licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos y todo lo recaudado por multas y sanciones. La subida de impuestos fue especialmente acentuada en el caso de estas cargas (que el ayuntamiento puede fijar sin más límite que el coste del servicio) con las que, como media, los concellos recaudaron un 134% más.
En el área metropolitana de A Coruña, la mayor subida fue la de Sada, que en 1998 ingresó 0,9 millones (88 euros por habitante) y diez años después, sumó cinco millones (359 euros por vecino), seguida de Bergondo y Betanzos, con aumentos del 357 y 315%, respectivamente. En el entorno de A Coruña, el único municipio que en 2008 recaudó menos tasas de este tipo que diez años antes fue Arteixo, que redujo un 6% los ingresos por este concepto, pasando de cien euros anuales por habitante en 1998 a 69 en el ejercicio de 2008. Ferrol fue otro de los apenas veinte ayuntamientos gallegos en los que cayeron los ingresos por tasas y precios públicos, en concreto un 30%, de los 6,7 millones que recaudó en 1998 a los 4,7 millones ingresados diez años después.
Sin embargo, pese a estas subidas, los ayuntamientos insisten en que las tarifas que cobran por recoger la basura o por mantener sus instalaciones no llegan ni de lejos para cubrir los costes de unos servicios que cada vez son más numerosos y dispersos. De hecho, según los interventores municipales, los impuestos tendrían que ser mucho mayores que los actuales para cubrir todos los gastos del día a día del concello con recursos propios. Es decir, sin contar con las transferencias del Gobierno central, la Xunta y la Diputación, administraciones a las que los concellos gallegos confían en exceso su futuro financiero. Pero la idea generalizada de que los servicios públicos deberían ser gratis y el recelo de los alcaldes a subir los impuestos por su escasa rentabilidad política (especialmente en épocas preelectorales) hacen que la mayoría de los servicios municipales generen pérdidas.
La recogida de la basura es un ejemplo paradigmático de lo que es un servicio deficitario. En un ayuntamiento de unos 10.000 habitantes, Sogama cobra aproximadamente 250.000 euros anuales sólo por recibir los residuos en sus instalaciones e incinerarlos o almacenarlos en el vertedero. Recoger la basura en cada casa del municipio, gestionar el punto limpio y transportarlo todo hasta la planta de Sogama en Cerceda costaría en ese ayuntamiento al menos otros 250.000 euros. Es decir, unos 50 euros por habitante y sobre 200 por vivienda sólo por recoger la basura, cuatro veces más de los aproximademente 45 euros anuales que cobran los ayuntamientos de ese tamaño por ese servicio.
Y es que a la par que engrosaron las arcas municipales gracias a la subida de la recaudación, lo cierto es que los ayuntamientos gallegos también han visto cómo se disparaban sus gastos en la última década. Los presupuestos municipales se duplicaron en estos diez años (aunque algunos concellos como Bergondo y Sada superaron con creces la media, al crecer en un 227% y un 187%, respectivamente, sus gastos totales). Más de un tercio de estos gastos se debe al capítulo de suministros: la factura de la luz y el agua, el alumbrado público y el gasoil de los vehículos oficiales, la costosa recogida de la basura, las reparaciones y el mantenimiento de edificios, pabellones y carreteras, jardinería, teléfono, limpieza... el día a día de un municipio. Los gastos cotidianos de los concellos gallegos aumentaron un 144% en los últimos diez años y se comieron en 2008 el 33,4% del presupuesto, cinco puntos más que en 1998, cuando sólo suponían una cuarta parte de las cuentas. Los concellos coruñeses en los que más creció esta partida fueron Culleredo, con un aumento del 254% en diez años, y Sada, cuyos gastos corrientes crecieron un 341% hasta suponer el 55% del presupuesto total. En términos relativos, en la mayoría de los concellos aumentó considerablemente el peso de los gastos corrientes sobre el total del presupuesto, como en Lugo, Ourense o A Coruña, donde los suministros pasaron de representar el 28% de las cuentas en 1998 al 38% diez años después.
El apartado que se lleva como media otro tercio de los gastos es el de personal, una partida que trae de cabeza a los municipios más afectados por la crisis, que el año pasado congelaron sus plantillas o incluso pusieron sobre la mesa la posibilidad de los despidos. Los ayuntamientos gallegos duplicaron (o incluso triplicaron, en el caso de Bergondo), sus desembolsos en nóminas en los últimos diez años, aunque esta tendencia fue mucho más leve en las grandes ciudades, como Vigo, que sólo aumentó los gastos de personal en un 48%, reduciendo la importancia de esta partida desde el 30 al 24% del presupuesto total. Los ayuntamientos gallegos que más gastan en plantilla son los ourensanos de Melón, Laza, Lobeira, Oímbra, Xinzo y Lobios, el lucense de Ribas de Sil y el pontevedrés de Ponteareas; todos ellos destinan más del 50% de su presupuesto a pagar nóminas.
Tanto el aumento de los gastos de personal como, sobre todo, el de los gastos corrientes, se debe a que los ayuntamientos ofrecen hoy muchos más servicios y gestionan muchas más instalaciones que hace diez años, especialmente en el ámbito de las políticas sociales: oficinas de información juvenil, asistentes específicos para los mayores, las mujeres o los parados, departamentos de igualdad... casi todos los municipios gestionan hoy más asuntos que hace diez años, tienen más funcionarios y, en consecuencia, también necesitan más espacios para ubicarlos.
Así, lo normal ahora es que un concello de tamaño medio en Galicia cuente al menos con tres o cuatro edificios oficiales, a los que hay que sumar las instalaciones deportivas, que, gracias a las subvenciones y a proyectos como el plan E, se han multiplicado por toda Galicia sin tener en cuenta las variables demográficas, la presencia de prestaciones similares en ayuntamientos cercanos ni la competencia del sector privado.