P. PÉREZ/ M.VÁZQUEZ - SANTIAGO
La Xunta asegura que la auditoría encargada a la empresa KPMG concluye que una fusión entre Caixanova y Caixa Galicia es "solvente" si bien admite que no garantiza que sea "la mejor opción", pues no se analizan otras alternativas. Según reconoció ayer la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, una alianza con una entidad de fuera de la comunidad podría obtener mejores resultados desde el punto de vista económico, pero advirtió de que "no se trata de buscar el máximo rendimiento del dividendo", ya que las cajas no se crearon "con fines lucrativos".
A pesar de ello, el Gobierno autonómico sigue apostando por una integración de Caixanova y Caixa Galicia y justifica esta fórmula en que es "solvente, garantiza la galleguidad y además está avalada técnicamente". Estos son los resultados que, según la conselleira de Facenda, se extraen de la due diligence realizada por la auditora KPMG, documento que, sin embargo, no se ha hecho público.
"Aquí estamos despejando las dudas de solvencia de un proyecto conjunto de las cajas gallegas y no garantizando la mejor opción", declaró la conselleira, que puso como ejemplo que se podría conseguir "un máximo beneficio vendiendo las cajas a un banco internacional". "Pero de lo que se trata es de retornar los dividendos a los ahorradores y a su territorio", añadió.
Trabajo
Según Facenda, una fusión entre Caixanova y Caixa Galicia obligará a cerrar 280 oficinas y echar a la calle a 1.296 trabajadores, de los cuales el 92% serían prejubilaciones. El 8% restante serían despidos, y todos en las sucursales de fuera de la comunidad.
Uno de los problemas que podrían surgir al integrar las dos cajas de ahorro es que no se garantice la competencia dentro del mercado gallego. En 82 ayuntamientos de la comunidad, sólo hay oficinas de Caixanova y Caixa Galicia, de manera que tras la unión se quedarían con una entidad bancaria operando en su territorio. La conselleira, sin embargo, garantiza la competencia argumentando que "existe una presencia fuerte de otros competidores como la banca a distancia o la banca por internet".
Fernández Currás, que compareció acompañada únicamente del director xeral de Tesouro, Manuel Galdo, explicó que la auditoría no detectó la existencia de "pasivos ocultos" y eludió aclarar si alguna de las cajas de ahorro gallegas está en una situación financiera peor que la otra. "Tengo un secreto bancario y la obligación de respetarlo", afirmó.
En la auditoría se concluye que "los ratios en cuanto a solvencia, eficiencia y nivel de financiación mayorista" de la caja fusionada "se corresponden con los de una entidad viable" que contaría con 77.000 millones de euros en volumen de activos. La conselleira aseguró que la nueva caja mejoraría notablemente su solvencia hasta alcanzar el 9% en 2015.
"Se convertiría en la quinta caja española", defendió Fernández Currás. Pero tendría una "debilidad". Es lo que la conselleira define como riesgo promotor constructor, es decir, en caso de que se produjese una burbuja inmobiliaria autóctona la caja asumiría más riesgos. En todo caso, observó que se prevé que la nueva caja tenga "una dotación (de fondos) muy superior a la exigible" para poder hacer frente a esta contingencia.
Sinergias
Los costes de reestructuración de la entidad fusionada ascenderían a 485 millones de euros pero quedarían amortizados en tres años, según la Xunta, ya que la nueva entidad ahorraría anualmente120 millones de euros netos aprovechando las sinergias de la integración.
Facenda asegura que la nueva entidad obtendría beneficios "desde el primer año" hasta alcanzar los 2.671 millones de euros entre 2010 y 2015. Según el departamento que dirige Fernández Currás, estos rendimientos permitirían devolver las ayudas que se soliciten al Fondo Estatal de Reestructuración Bancaria (FROB) en el plazo de cinco años.
Aunque los costes de reestructuración al fusionar Caixanova y Caixa Galicia serían de 485 millones, la previsión que maneja la Xunta de ayudas al FROB alcanzaría los 1.190 millones de euros –el dos por ciento de los activos ponderados de riesgo–. La diferencia se debe a que más de la mitad de este dinero se destinará a "recapitalización de las cajas de ahorro y a dotaciones".
La previsión para destinar a obra social se cifra en 300 millones de euros en cinco años. Sin embargo, Caixa Galicia destinó a este fin 112,3 millones en 2009 y 112,1 en 2008, mientras que Caixanova reservó 55,8 y 62,5 millones de euros. "¿Qué es menor la cuantía que proponemos? La obra social es un porcentaje de beneficios y nosotros mantenemos el 20%", se defendió la conselleira preguntada por una reducción en estos fondos.
La auditoría se entregó el martes por la noche a la Xunta y en la mañana de ayer fue remitido al Banco de España. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se puso en contacto con el gobernador de esta institución.
Facenda no se plantea, de momento, una negativa del Banco de España. "Yo confío en que como organismo regulador explique cualquier discrepancia que pueda encontrar en los resultados de esta auditoría", aseveró Fernández Currás.
La conselleira también contactó antes de la rueda de prensa con los responsables de las cajas de ahorro para trasladarles las principales conclusiones del informe. Las cajas no quieren pronunciarse por el momento, pues no cuentan con la auditoría, sino únicamente con la presentación que hizo Fernández Currás ante los periodistas. Facenda dejó claro que deben ser ahora los consejos de administración de las entidades los que tomen una decisión, pero recordó que el plazo termina el 31 de diciembre.
Aunque la auditoría sólo estudió la solvencia de una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, la conselleira descartó una alianza intercomunitaria alegando que los 82 municipios que únicamente tienen oficinas de las cajas gallegas correrían "riesgo de exclusión financiera". Además, criticó el SIP porque supondría "bancarizar" las entidades de ahorro y sería una unión "irreversible" en la práctica.
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