J. PÉREZ - VIGO
Son tantos y tan variados los márgenes temporales que las leyes autonómicas del sector marcan para la renovación de los órganos de decisión de las cajas que es casi imposible hacer un resumen. No hay una regla general. Lo habitual son seis meses de plazo, en algún caso tres y en otras legislaciones lo dejan siempre para el término de cada mandato. Pero si hay un aspecto en el que Galicia vuelve a destacar es en el proceso en sí mismo, en el orden, más allá de que la designación aquí de los nuevos consejeros tenga que hacerse en sólo dos meses. Todas las normativas autonómicas marcan que esas elecciones deben realizarse tras la reforma de los estatutos. En el caso gallego, es el tercer paso, tras los nombramientos y la convocatoria de la Asamblea de la que saldrán los nuevos representantes en el Consejo de Administración.
El cronómetro echó a correr el pasado día 5 con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de toda la batería de modificaciones de la ley autonómica. Antes de la primera semana de marzo tienen que estar decididos el 75% de los miembros de los órganos de decisión de las entidades. La propia Consellería de Facenda reconoció que el proceso "no es el habitual" en el sector y al día siguiente el presidente de la Xunta responsabilizó al Banco de España de las prisas que hay en la renovación por el escenario "excepcional y de urgencia" del que habla el propio organismo regulador.
Los tres partidos tienen diez días para elegir a sus representantes. Cada uno presentará una lista cerrada a la Mesa del Parlamento y la aprobación se hará por mayoría simple. El PSdeG tienen intención de consensuar los nombres con sus alcaldes, principalmente los de A Coruña y Vigo, y prevén que entre alguno de los cargos intermedios que había en la etapa del bipartito. El PPdeG y el Bloque también han empezado a barajar nombres, aunque sin tomar todavía una decisión.
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