La Xunta paraliza al mes una decena de obras sin licencia en suelo rústico

M. VÁZQUEZ - SANTIAGO Ni las restricciones impuestas por la Lei do Solo para edificar en suelo rústico ni el refuerzo de las inspecciones han conseguido acabar con el afán constructor en muchos municipios gallegos, donde se siguen levantando edificaciones ilegalmente. El año pasado, los inspectores de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) emitieron cada mes una media de diez órdenes de paralización tras detectar obras que se estaban ejecutando en suelo rústico sin contar con la preceptiva autorización urbanística la Xunta.
Sólo entre enero y octubre de 2009 se paralizaron un total de 109 edificaciones nuevas construidas en suelo rural de forma ilegal. La ley de ordenación urbanística aprobada a finales de 2002 exige que cualquier tipo de obra reciba el visto bueno previo por parte de la Administración autonómica, una medida que la Xunta justificó en su momento para introducir más garantías en el urbanismo gallego y homogeneizar los criterios en todos los municipios. En la práctica y tras siete años de polémica aplicación y pequeñas modificaciones para limar los aspectos más controvertidos, la ley ha resultado ser excesivamente restrictiva en éste y otros aspectos, por lo que la Xunta anunció el pasado verano una reforma profunda de la normativa.
El proyecto, actualmente en trámite parlamentario, ampliará las competencias urbanísticas de los concellos, que volverán a tener más margen de maniobra para decidir qué se puede o no hacer dentro de su término municipal. Así, los concellos podrán dar luz verde sin necesidad de autorización autonómica previa a obras menores en suelo rústico como naves o establos, una medida que responde a las críticas de los municipios por la lentitud que introdujo la ley de 2002 a lo hora de construir en el rural. Las quejas municipales forzaron a la Xunta a impulsar una reforma.
Mientras tanto, sin embargo, la normativa en vigor obliga a los promotores a contar con la autorización autonómica preceptiva antes de poder edificar, un requisito que a juzgar por las últimas estadísticas de la Aplu muchos siguen saltándose a la torera.
Pero no sólo se detectan irregularidades en suelo rústico. La costa es otro punto caliente del urbanismo gallego. A falta de que se cierre el balance definitivo de 2009, entre los meses de enero y octubre los inspectores de la Aplu impusieron 39 multas contra propietarios de obras ilegales en la zona de servidumbre de costas por valor de casi 126.000 euros y resolvieron seis expedientes sancionadores por infracción de la Ley de Costas.
Además, levantaron 410 actas de inspección tras visitar in situ 44 concellos, abrieron 1.384 expedientes informativos relacionados con alguna ilegalidad urbanística, tramitaron 247 expedientes de reposición de la legalidad y ejecutaron 26 demoliciones.