Caballero sopesa convocar en febrero una gran movilización ciudadana en contra de la fusión

REDACCIÓN - SANTIAGO El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, pretende avanzar un paso más en su oposición a la fusión de Caixanova y Caixa Galicia que pretende la Xunta, cuya decisión final depende del resultado de una auditoría externa encargada por el Gobierno gallego y de la que sus conclusiones se conocerán antes de que acabe el mes. Como una muestra del rechazo que la integración de las entidades de ahorro genera en la ciudad olívica, el regidor sopesa convocar una manifestación y lanzar un mensaje claro a la Administración autonómica de que sus planes no son bien asumidos en la ciudad.
"No descarto convocar una gran movilización ciudadana a principios del mes de febrero en contra de la fusión", declaró ayer Abel Caballero.
El alcalde se plantea esta protesta tras haber mantenido en las últimas semanas una ronda de contactos con representantes de los agentes sociales, culturales, económicos y vecinales de Vigo en los que se le transmitió el rechazo a la integración de Caixanova con Caixa Galicia.
La oposición a la fusión no es una postura de Abel Caballero en solitario. Empresarios, economistas y cámaras de comercio del sur de Galicia han reiterado también su disconformidad con la idea de la Xunta de crear una única caja gallega. Y además está el pronunciamiento de la propia Caixanova, en cuyo consejo de administración, salvo la voz del representante nacionalista del Ayuntamiento de Pontevedra, hay un sentir unánime de desacuerdo con la unión con Caixa Galicia.
Es más, según los resultados presentados esta misma semana, la caja del sur está en condiciones de garantizar su solvencia hasta el año 2020 porque tiene liquidez para hacer frente a todos sus compromisos.
Caixanova señaló que su posición de liquidez total a corto plazo se sitúa en 6.315 millones de euros, lo que significa, según explica, que cuenta con recursos suficientes para afrontar los vencimientos previstos hasta 2020, que corresponden a las emisiones efectuadas para obtener financiación en los mercados mayoristas.
En todo caso, a pesar de estas cifras, la Xunta prosigue con su pretensión de integrar las dos cajas gallegas. Su argumento es que se trata de la única forma de garantizar la permanencia de Galicia en el mapa financiero español con una caja solvente, fuerte y con sus centros de decisión en la comunidad. Para el Gobierno gallego, el Sistema Institucional de Protección (SIP) no es un fórmula válida, porque eso supondría, asegura, derivar las decisiones a un banco con sede en Madrid.