J. PÉREZ - VIGO
La patronal eólica gallega prepara su artillería contra la ley para el sector aprobada en Galicia. En el canon de la nueva Xunta ve EGA el mismo problema que la participación pública que quería el BNG. “Tan ilegal es lo uno como lo otro”, avisa el secretario de la asociación que une a los promotores. El sector asume que el liderazgo en el negocio del viento está perdido y que no habrá parques nuevos en funcionamiento “hasta 2017 o 2018”. “La inseguridad jurídica no está en las autorizaciones, sino en las normativas que los desarrollan”, explica Íñigo Muniozguren.
–El sector se judicializa.
–Ya estaba judicializado. Había dos contenciosos contra el decreto del bipartito, contenciosos contra la convocatoria, la resolución, la suspensión del nuevo Gobierno...
–¿Y esto no paraliza su desarrollo? Los empresarios se quejan de la inseguridad jurídica. ¿Quién les garantiza que podrán levantar un parque?
–No me extraña. EGA avisó en su día a la Consellería de Industria anterior que su decreto tenía vicios de legalidad. Ha vuelto a hacerlo ahora con la ley de la actual Xunta y el canon. No es tanto la inseguridad jurídica de un concurso o una adjudicación, como de la normativa que sustenta los procesos. Se están utilizando maniobras legales muy cuestionables, en lugar de una legislación sólida, indiscutible, que respete las normas estatales, sin hacer frivolidades, para recaudar o participar en los beneficios. ¿Por qué un canon paisajístico no se aplica por ejemplo a las minas a cielo abierto? ¿O es que se quiere justificar que también el canon quiere recaudar como la participación pública que contemplaba el BNG? Al final se trata de eso, no de impulsar la actividad. Tan ilegal es lo uno como lo otro y se pagan las diferencias entre los partidos. Hacer política con el sector pone las piedras para hundirlo. Ni unos ni otros están siendo suficientemente responsables.
–¿Cómo está el sector?
–Hay que asumirlo, Galicia perdió el liderazgo eólico y hay que plantearse un escenario a partir de 2015, 2016, 2017 en adelante y con retribuciones diferentes.
–Supongo que se refiere a la obligación de inscribirse en los registros de preasignación del Gobierno central. Pero la Xunta dice que los parques de los nuevos concursos se podrán construir antes.
–Hay una normativa publicada en el BOE y una decisión del Consejo de Ministros que establecen los plazos para incorporar potencia. Es lo que hay, a la espera de los recursos que se están manejando. No digo que esos parques no se vayan a autorizar y tramitar antes, pero la puesta en marcha no llegará antes de 2017 o 2018. Ahora hay muy pocas instalaciones gallegas registradas y las que vengan luego tendrán que ponerse a la cola.
–¿Están preparando su batalla legal contra la nueva normativa de la Xunta?
–Sí. La semana que viene tendremos una reunión. Nosotros no podemos recurrir la inconstitucionalidad directamente, pero sí convencer a algunos organismos para que lo hagan y ponerles encima de la mesa las razones. En Extremadura y Baleares se intentó un impuesto semejante y el Constitucional lo anuló. Sin olvidar lo que cada empresa haga por su cuenta.
–¿El abanico de recursos se abre porque el canon se aplicará a los que ya funcionan?
–Evidentemente. La Xunta prevé recaudar ya este año 25 millones de euros, que son 4.100 millones de las antiguas pesetas. ¿A qué empresa se le aplica un nuevo impuesto con vicios de legalidad y discriminatorio? Puede haber muchos casos en los que ya no den los números. Como si no pagasen ya impuestos.
–Además de discriminatorio, ustedes sostienen que supone una doble imposición.
–Es que el hecho en sí mismo de instalar un aerogenerador ya obliga a pagar un IBI especial.
–Pero en el texto final desapareció el concepto paisaje para evitar suspicacias.
–Lo pueden disfrazar como quieran, pero es un impuesto medioambiental. Ninguna empresa en Galicia pagará como las eólicas entre un 10% y un 15% de su volumen de facturación sin ningún tipo de justificación. Sería absurdo que el sector no dijera nada. De esto sabemos un poco, ¿no?