JULIO PÉREZ - VIGO
A golpe de resolución administrativa, todos y cada uno de los proyectos que ganaron el polémico concurso eólico impulsado por el bipartito quedan sin efecto. Ahora sí se abre la enésima batalla legal en el sector. Porque el proceso ya estaba paralizado, pero su anulación definitiva, y por lo tanto la opción de acudir a los tribunales por parte de las 29 empresas que consiguieron cuota, dependía de la aprobación de la también controvertida ley que la nueva Xunta sacó adelante el mes pasado y que establece el nuevo marco normativo para la distribución de potencia en Galicia y el establecimiento de un canon por cada aerogenerador. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la supresión de las autorizaciones de los parques adjudicados hace justo un año y en el sector ya anuncian un "aluvión" de recursos. Y no sólo de los que buscan una indemnización.
Ésa es una de las dos opciones. La de conseguir que la Administración pague por los posibles daños generados con la supresión del concurso, que preveía mover 1.400 millones en inversión directa y hasta 5.000 en indirecta y crear 8.000 empleos. La Consellería de Economía e Industria y la propia ley eólica mantienen que en caso de existir el derecho a recibir una contrapartida se ceñirá a posibles gastos menores, como los derivados del pago de trabajos de ingeniería, porque los beneficiarios sólo tenían a mano una admisión a trámite de sus planes, no una concesión completa. En un estudio previo, la Xunta calculó un desembolso máximo de 7,6 millones de euros, a razón de 6.000 euros por cada proyecto presentado y 32.000 para los promotores ganadores.
Varias empresas consultadas por FARO y fuentes de la patronal eólica gallega, EGA, sostienen todo lo contrario. Que la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo contempla la cobertura de todo tipo de daños. "Por eso hay que ver incluso si esta limitación en las indemnizaciones previstas es constitucional o no", señala Íñigo Muniozguren, abogado y secretario general de la Asociación Eólica de Galicia.
El otro posible motivo de reclamación judicial, más allá del patrimonial, está en el proceso. Las compañías pueden acogerse a la normativa eléctrica estatal, según apuntan sus servicios jurídicos, que defiende la libertad de instalación en el sector y justificar que más allá de presentarse a la puja, de solicitar una cantidad de megavatios (MW) y de que ahora el Gobierno gallego los desestime, tienen derecho a seguir adelante con sus instalaciones. Porque la legislación no les exige contar con ninguna autorización para la construcción.
En el sector recuerdan que todo el trabajo realizado desde el 6 de marzo de 2008, cuando el anterior Ejecutivo sacó la orden que ponía las bases para el concurso, "no sirve para nada". "A todo esto –explica Muniozguren– con una situación conflictiva ante la crisis y el nuevo marco abierto por el Gobierno central con la obligación de los registros de preasignación".
La suspensión definitiva le servirá también a la Xunta para cerrar todos los recursos presentados contra las normas del bipartito, la convocatoria del concurso y el reparto de los 2.300 MW. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia llegó a paralizar cautelarmente el reparto de potencia tras la denuncia de una de las firmas que se quedaron fuera, aunque hace un par de semanas tumbó esa decisión al amparo de otro recurso de seis de las que sí ganaron.
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