X. A. TABOADA - SANTIAGO
El nuevo decreto que prepara la Xunta sobre el uso del gallego en la educación sólo ha suscitado, al menos por el momento, opiniones críticas. Pero esta reacción no ha hecho mella en el Ejecutivo autonómico. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer con ahínco la nueva norma, de la que dijo que plantea un "equilibrio real y blindado" en el uso de las lenguas, que permite la elección del idioma "por primera vez" a los padres y que se ajusta plenamente a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a la Lei de Normalización Lingüística.
Básicamente, el decreto, todavía en fase de borrador, establece que un tercio de las asignaturas de Primaria y de Secundaria se imparta en gallego, otro en castellano y otro en inglés, pero mientras no haya profesores suficientes para dar clases en inglés, este último tercio se repartirá a partes iguales entre el castellano y el inglés.
"El consenso social existe porque la cordialidad en las calles, en los centros de trabajo y en las cafeterías existe. Y, por lo tanto, la cordialidad social, que es lo que importa, existe desde hace tiempo. La cuestión es si los políticos nos queremos sumar al consenso de la calle o no", declaró en una entrevista a la Radio Galega.
En esta normativa, explicó Núñez Feijóo, se consultará "por primera vez a los padres" para que indiquen "en qué lengua quieren que se eduquen sus hijos en Educación Infantil" y "como prefieren que se den las dos asignaturas instrumentales, que son Matemáticas y Conocimiento del Medio" posteriormente, aunque "siempre dentro de un equilibrio entre gallego y castellano".
Contra una normativa antigua que "supuso una inmersión lingüística que rompió el equilibrio" entre gallego y castellano, afirmó Feijóo, el nuevo decreto dará "una oportunidad a los alumnos para que se puedan dirigir a los profesores en el idioma que consideren oportuno, tanto en expresión oral como en expresión escrita", salvo en las clases de lengua.
El presidente de la Xunta niega que exista improvisación y recordó que el borrador presentado ahora se corresponde con una propuesta remitida al Parlamento hace dos años y medio. "Esas garantías de equilibrio, de derechos de los padres y de equiparación lingüística son los que llevamos al Parlamento en 2007", dijo.