La vía de los recursos

SELINA OTERO - VIGO Tras la aprobación ayer de la reforma de la ley de cajas en el Parlamento gallego, con el sí del PP y del BNG, y el rechazo del partido líder de la oposición, el PSdeG, la vía jurídica se presenta como alternativa real para el Gobierno, y las administraciones, entidades de ahorro, consejeros o impositores que consideren que la nueva norma puede ser ilegal y quieran frenar su aplicación.
El mismo día en que la Cámara gallega ratificó la normativa el regidor de Vigo, Abel Caballero, y los impositores de Caixanova agrupados en la asociación ASIVIGO confirmaban su disposición a llevar la nueva ley a los tribunales para tumbar una reforma que consideran que está pensada para forzar la fusión de Caixanova con Caixa Galicia.
Las propias entidades de ahorro y otros posibles perjudicados por la nueva ley, que se debatió y aprobó por la vía de urgencia en menos de un mes, estudian con lupa el texto por si puede ser objeto de recurso. El Ejecutivo central no es ajeno a la polémica. Oficialmente, la Vicepresidencia Económica del Gobierno de Zapatero no se pronuncia sobre la reforma, que entrará en vigor el día después de su su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), posiblemente a comienzos de enero, pero fuentes cercanas al Ejecutivo socialista aseguran que ayer mismo ya obraba en sus manos el texto aprobado por el Parlamento. Las mismas fuentes sostienen que Madrid lo someterá a un minucioso análisis para saber si invade competencias y si se ajusta a las directrices de la normativa estatal de cajas.
¿Qué vías ofrece la Justicia? Según expertos en Derecho Constitucional consultados por FARO, es posible interponer un recurso de inconstitucionalidad o recursos por la vía económico-administrativa o contencioso-administrativa. El recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser interpuesto por el presidente del Gobierno central, el Defensor del Pueblo, al que ya se han dirigido los impositores de Caixanova contrarios a la fusión con Caixa Galicia, cincuenta senadores, cincuenta diputados, los presidentes de las Comunidades Autónomas o sus Parlamentos.
"Hay tres meses para presentarlo a partir de la aprobación de la ley. Si el Tribunal Constitucional admite el recurso a trámite, puede suspender de inmediato los artículos recurridos que, en una ley como la de cajas, provocaría la paralización de otros capítulos de la normativa, como consecuencia", manifiesta Francisco Hernández, experto en Derecho Mercantil. La suspensión estaría en vigor, mientras no hay sentencia, y ésta puede tardar unos tres años.
Paralizar la ley a través de un recurso de inconstitucionalidad es una opción "restringida"a unos pocos, según expertos en Derecho Constitucional, pero la Justicia ordinaria, a través de los juzgados provinciales, es la puerta que tienen las cajas, sus consejeros, los impositores, los alcaldes y toda persona física o jurídica que se opone a la norma.
"Es posible interponer un recurso cuando cualquier persona u organismo considere que la nueva norma se está aplicando incorrectamente", manifiesta Hernández. Si el juez entiende que las quejas del demandante están justificadas, "puede establecer medidas cautelares para paralizar o suspender los actos de aplicación que causaron perjuicio". "Es más, si el juez cree que se pueden repetir situaciones perjudiciales similares tiene la capacidad de solicitar al Constitucional la suspensión de artículos. Es lo que se llama en Derecho cuestión de inconstitucionalidad", añade Hernández.