PP y BNG aprueban sin el respaldo del PSOE la ley ´exprés´ para cambiar los gobiernos de las cajas

PAULA PÉREZ - SANTIAGO El Parlamento gallego aprobó ayer sin consenso la ley exprés que aumentará el control de la Xunta sobre las cajas. La normativa que pretende forzar una fusión de las entidades de ahorro gallegas salió adelante con los votos favorables de PP y BNG, pero sin el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE. A pesar del rechazo de un tercio del hemiciclo, la reforma legal entrará en vigor tan pronto se publique en el Diario Oficial de Galicia y, a partir de ese momento, las cajas están obligadas a renovar en el plazo de dos meses sus asambleas y consejos de administración, de los que quedará excluido el actual presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, por superar el límite de 70 años que marca la nueva ley para formar parte de la dirección de las entidades de ahorro.
Los socialistas justificaron su rechazo a la normativa en que es "un instrumento para modificar a corto plazo la voluntad de los órganos de gobierno de las cajas" a favor de la fusión y criticaron su "elevado intervencionismo". Al PSdeG le disgusta especialmente el control que la Xunta tendrá sobre la Obra Social, pues las inversiones superiores al medio millón de euros en tres años tendrán que ser autorizada por Facenda.
Tanto populares como nacionalistas reconocieron su intención de relevar en las cúpulas de las cajas a las actuales direcciones porque, según alegaron, "no representan los intereses de Galicia". Con este argumento justificaron que la nueva normativa dé entrada a la representantes de la comunidad en las asambleas y consejos de las entidades de ahorro. A través del Parlamento se nombrará al 20 por ciento de los miembros que formen parte de los órganos de gobierno de Caixanova y del 25% en el caso de Caixa Galicia por no tener ésta entidades fundadoras. "Se van a tomar decisiones importantes y no es razonable que esas decisiones las tomen directivos, que no son representantivos de los intereses generales", expuso el diputado del PPdeG, Pedro Puy. En esta idea incidió el nacionalista Fernando Blanco. "Se trata de ver si queremos unas cajas en las que manden el conjunto de los gallegos o unos directivos defendiendo sus intereses", recalcó.
Sin embargo, la reforma legal pactada por PP y BNG forzará la marcha de Fernández Gayoso, firme opositor a una fusión con la entidad del norte, pero permitirá, por el contrario, la continuidad del director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, de 64 años, al que no le afecta el límite de edad que establece la nueva ley. Aunque los nacionalistas gallegos mantuvieron hasta el último momento su propuesta de fijar en los 65 años el tope para entrar en las asambleas y consejos de las cajas, el PP impuso su mayoría y se mantuvo el máximo de 70 años.
Esto sirvió al socialista Xaquín Fernández Leiceaga como argumento para desacreditar una ley "en la que sólo se puede ver reflejado el Partido Popular". Los nacionalistas, sin embargo, presumieron de que el Parlamento aprobó una ley "impulsada por el BNG" y aclararon que su voluntad de consenso no fue "un cheque en blanco" al partido en el poder.
Los populares defendieron que si no existe un respaldo unánime a la ley fue por culpa del "cambio de actitud de los socialistas". En opinión de Puy Fraga, hubo "un amplio consenso" en la redacción del texto.
Durante el pleno de ayer se aceptó una de las 46 enmiendas presentadas por el PSOE para que en caso de fusiones de las cajas, la Xunta antes de autorizar o no la fusión, escuche la opinión del Parlamento. Esta cesión no sirvió al PSOE para que cambiase de idea. "No hay consenso", sentenció Leiceaga, que reprochó a PP y BNG las "prisas" de aprobar esta ley y los plazos "tan apretados" que se fijan para la renovación de los órganos de gobierno de las cajas –sólo conservará su puesto dentro de dos meses un 25% de los miembros de las asambleas–. Esto puede convertirse, según los socialistas en "fuente de conflicto".
"No entiendo las críticas a que el trabajo de la ley haya sido concentrado cuando esto fue un mandato unánime del Parlamento", expuso Blanco.
El popular Puy Fraga cargó directamente contra el secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, al que acusó de "alentar el peor ataque contra la consolidación de las instituciones autonómicas al fomentar localismos irracionales en el norte y en el sur".
Aunque el PP reprochó que los argumentos del PSdeG en contra de la ley son "débiles", Leiceaga insistió en que "no son pocas" las razones que los llevan a votar en contra. Así, el PSdeG tampoco está de acuerdo con la nueva composición de los órganos de gobierno de las cajas.
Con la nueva ley la participación de los impositores baja del 40 al 30 por ciento; las corporaciones locales tenían el 25 y se quedan en el 20 por ciento; y las entidades fundadoras pasan del 10 al 2,5 por ciento. La normativa prohíbe además que entren en los órganos de gobierno cargos políticos.
La diputada socialista Mar Barcón se ausentó del pleno para no votar la ley de cajas por su condición de miembro del consejo de Caixa Galicia.