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I. BASCOY/ L.COSTAS / VIGO La reforma de la ley de cajas de Galicia, que reforzará el control público sobre las inversiones y la obra social de las entidades financieras y dará entrada a representantes del Parlamento en los órganos de dirección de las mismas, es "una ley del BNG y no lo dice sólo el Bloque, también el líder de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez". Con estas declaraciones, el portavoz de los nacionalistas en la Cámara, Carlos Aymerich, daba su visto bueno con carácter general al proyecto consensuado en ponencia, y que hoy se debatirá en comisión para ser aprobado definitivamente el martes de la próxima semana seguramente en el pleno del Parlamento.
Las declaraciones de Aymerich no pueden ser más ilustrativas: "El texto que sale de la ponencia es la ley del BNG", sentencia y explica que se incluyen los principales objetivos que perseguían los nacionalistas. Sus "líneas rojas" eran blindar las competencias de la Xunta para poder frenar fusiones o alianzas no deseadas y reforzar el papel de las cajas como un instrumento a favor del desarrollo económico y social de Galicia, incrementando la intervención del Gobierno autonómico en las decisiones de las cajas sobre inversiones y obra social.
El texto inicial sobre el que giró la negociación estaba firmado por la formación frentista, pues fue quien tuvo la iniciativa de presentar, en pleno debate sobre el futuro de las cajas gallegas, una proposición de ley para reformar la actual normativa sobre estas entidades. El PP aceptó el guante, con el respaldo del PSOE, y arrancaron las negociaciones.Tras la primera ronda de conversaciones, el ponente del PP en la modificación de esta norma, Pedro Puy, admite que "se mantienen cuestiones claves e importantes para el BNG", pero también subraya el "elevado nivel de acuerdo alcanzado entre los tres grupos".
Los socialistas discrepan de la versión popular, y aunque manifiestan "voluntad de consenso", su voto a la reforma legislativa será muy posiblemente negativo, pues entienden que ésta hecha para "entregar al PP el control político de las cajas", y de hecho lamentan que el Bloque sea "cómplice".
Aunque aún quedan dos reuniones con margen para más acuerdos hoy en ponencia y la próxima semana en sesión plenaria , el BNG ya manifiesta su conformidad con el borrador negociado, salvo algunos flecos, que en todo caso, no tendrían por qué imepedir su voto a favor de la reforma. Eso sí, puede suceder, adelanta Aymerich, que en la votación en pleno respalden la ley, pero con voto particular a algún artículo, por ejemplo el que establece la edad tope para los vocales de los consejos de administración y los consejeros de las asambleas generales. El PP fija los 70 años como edad de jubilación.
Edad tope
El Bloque sostiene, por el contrario, que deben ser 65 años, lo que supondría acotar el futuro de José Luis Méndez al frente del Caixa Galicia, pues tiene 64 años. La salida de Julio Fernández Gayoso ya está hecha, pues supera los 65 años. "No vamos contra nadie, pero es una cuestión de higiene democrática. Tiene que haber una nueva caja dirigida por gente nueva", defiende el portavoz nacionalista.
Hay otra divergencias. Es el caso de la renovación de los órganos de dirección de las cajas. En su proposición de ley, los nacionalistas fijaban el plazo de un año, y ahí tienen el apoyo socialista, pero los populares, con su mayoría, lo han reducido, por lo que en marzo habrá un nuevo equipo gestor al frente de Caixanova y Caixa Galicia.
Al BNG, a día de hoy, no le convence un plazo tan apurado, y piensa que su propuesta es "más razonable". Por ello mantiene en comisión el plazo de un año en un voto particuplar, pero Aymerich reconoce que "no será causa para que no votar la ley", explica.
Aymerich, además prioriza, y ve más importante rebajar a 65 años la edad tope de jubilación que ampliar a un año el plazo para renovar las cajas. De hecho, el primero tiene más opciones para ser voto particular en pleno que la segunda cuestión.
Y los socialistas, ¿qué cambios consideran imprescindibles en el borrador de la ley? Piden que la renovación de los órganos de dirección sea parcial y no total para dar confianza los ciudadanos y no que un equipo totalmente nuevo tome el mando de las cajas; que la Consellería de Facenda no tenga que autorizar previamente la obra social, sino que sólo debe ser informada cuando el gasto supere el millón de euros, pues según explica Xaquín Fernández Leiceaga, "la autorización de la Xunta para fijar la obra social limita la autonomía de las cajas"; publicitar el sueldo de los altos cargos de las entidadades y que el Parlamento sea escuchado en caso de fusiones o alianzas.
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