El Parlamento aprueba la ley eólica y la patronal promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra el canon

PAULA PÉREZ - SANTIAGO El Parlamento gallego aprobó ayer ley eólica con la que se dará carpetazo al polémico concurso convocado por el bipartito por el que se repartieron la pasada legislatura 2.300 megavatios. La normativa, que crea un canon para gravar los aerogeneradores y un fondo de compensación medioambiental, contó con el respaldo del PP y el rechazo de la oposición que auguró a esta ley "un largo recorrido de luchas judiciales". Y éstas no se harán esperar. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ya está preparando un informe jurídico que presentará ante el Gobierno central, el Defensor del Pueblo, diputados nacionales y senadores para que tramiten un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa que aprobó ayer la Cámara autonómica.
La patronal que representa al sector está en claro desacuerdo con la ley eólica impulsada por la Consellería de Economía e Industria y, en especial, con la imposición de un canon medioambiental a las empresas. Esta tasa, que es una de las principales novedades de la normativa aprobada ayer, grava a los aerogeneradores por su impacto sobre el medioambiente. La Xunta aspira a recaudar por esta vía 1.032 millones de euros en los próximos 20 años.
Este canon, sin embargo, ya fue declarado inconstitucional en comunidades como Extremadura y Baleares, según recordó ayer el secretario xeral de la Asociación Eólica de Galicia, Íñigo Muniozguren. Los argumentos de la patronal son que se produciría una doble imposición sobre las empresas puesto que ya pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y advierten además de que si se crea un impuesto que grave el impacto medioambiental, éste debería aplicarse a todas las actividades con afectación a la naturaleza y no sólo al sector éolico.
Por todo ello, aprecian "claros vicios de inconstitucionalidad", pero como entidad privada no pueden presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por eso recurrirán a las instituciones que si están autorizadas a hacerlo y que son el Gobierno central, el Defensor del Pueblo o convencer a un mínimo de 50 diputados o 50 senadores.
A mayores, las empresas afectadas por el canon podrán recurrir de forma individual su pago al Tribunal Superior de Xustiza y alegar "una cuestión de inconstitucionalidad".
A pesar de que tanto la patronal eólica como los partidos de la oposición advirtieron de la "incertidumbre legal" de este canon, el PP sacó adelante la ley eólica argumentando que introduce "seguridad jurídica" en el sector. Tras aprobarse ayer en la Cámara, la nueva normativa será efectiva una vez salga publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) e inmediatamente después la Xunta publicará otra orden declarando que "desiste" del concurso por el que se repartieron los 2.300 megavatios en la anterior legislatura, suspensión que la patronal considera que puede ser también "inconstitucional".
"Es revanchista", criticaron ayer en el pleno los socialistas gallegos. En opinión del BNG, la nueva ley eólica es fruto de "una decisión política y arbitraria". "Esta norma es una disculpa para que el PP haga lo que quiera con el sector", criticó el diputado nacionalista Fernando Blanco, quien fue el promotor del anterior concurso del bipartito cuando era conselleiro de Innovación e Industria.
Tanto Blanco como el parlamentario del PSdeG, Abel Losada, coincidieron en que se vuelve al reparto de megavatios de la era Fraga. "Recuperamos un sistema de concesión de parques discrecional", denunció el diputado socialista.
Desde el PP, sin embargo, Pedro Arias defendió que la nueva ley introduce unas reglas de funcionamiento que se ajustan a los criterios de "competencia, mérito y capacidad".